El Gobierno y la Corte Suprema rechazan creación de sala anticorrupción
La Corte Suprema de Justicia, a la par con el Ministro de Justicia, declaró su oposición a la propuesta de crear una sala anticorrupción en esta alta corporación, por considerar que pone en peligro las reglas de la democracia y avasalla la tradición jurídica nacional.
La propuesta, que desató una gran contrversia, fue formulada en un proyecto de ley presentado por la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, y el Instituto Anticorrupción.
La Corte Suprema se pronunció en contra de la iniciativa en el siguiente comunicado:
«La Corte Suprema de Justicia se opone a cualquier tentativa de modificación de las instituciones nacionales que ponga en peligro las reglas de la democracia que durante más de 120 años ha defendido hasta con el sacrificio de sus propios magistrados.
En cabeza de jueces y fiscales, con el valioso aporte del Ministerio Público, la Rama Judicial ha actuado contra organizaciones
criminales, permanentes u ocasionales, y delincuencias unitarias que han defraudado los bienes públicos. A miles de actores de los más diversos delitos se les ha atribuido responsabilidad penal o disciplinaria con el uso de herramientas jurídicas que han logrado la recuperación de dineros públicos y la reparación de los daños.
Cualquier modificación legal que dignifique al servidor judicial, dotándolo de mejores herramientas institucionales para la lucha contra la corrupción, dentro de las reglas del ordenamiento constitucional de la democracia nacional, es bienvenida mientras no avasalle la tradición jurídica nacional, las garantías debidas a las partes ni los derechos a verdad, justicia y reparación de las víctimas».
Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, hizo las siguientes precisiones en su cuenta en Twitter:
-La lucha contra la corrupción está en el núcleo de las preocupaciones del #GobiernoDelCambio.
Estamos conscientes de que en esta materia hay enormes desafíos y urgencia de actuar, pero la adición de una sala a la Corte Suprema no parece una buena medida en ese sentido.
-Una sala transitoria (enorme pero provisional) en la Corte Suprema acarrearía el riesgo de desarticular su funcionamiento, enredar los procedimientos y garantías vigente y debilitar las investigaciones y procesos en curso.
-La expedición de una reforma constitucional y luego de una ley estatutaria se lleva, fácilmente, tres años para su entrada en vigencia. Una propuesta que se aplaza tanto no es útil.
De acuerdo con el proyecto de Pares y el Instituto Anticorrupción, se trata de crear una sala conformada por 27 magistrados que funcionaría por tres años para juzgar a los implicados en grandes casos de corrupción, “incluyendo aquellos casos que derivan en graves violaciones a los derechos humanos”.
Afirman que el objetivo es garantizar “la separación de la instrucción y el juzgamiento, la doble instancia y el derecho de impugnación de la primera condena” y «mejorar los procesos judiciales de estos delitos».
Además, pretenden que se trate la corrupción como una violación a los derechos humanos. Con RSF