El costo de la… ¿democracia?
La izquierda y muchos politiqueros que “aparecen en elecciones… prometiendo puentes donde no hay ríos”, como cantaba el maestro Arnulfo Briceño, manipulan “causas buenas” para buscar el favor del voto y, ya elegidos, para conservar el poder con el erario a su disposición.
¿Quién podría estar en contra de que un anciano necesitado reciba una mejor mesada? Nadie, pero… si hay con qué pagarla.
¿Quién podría estar en contra de que un obrero de salario mínimo reciba un incremento que le permita mayor bienestar? Nadie, pero… si hay con qué pagarlo.
¿Quién podría estar en contra de que el Estado ofrezca miles de empleos a personas que no lo tienen? Nadie…, pero si realmente se necesitan y… si hay con qué pagarlos.
¿Quién podría estar en contra de que se decrete la emergencia económica, social y ecológica en departamentos con miles de damnificados por inundaciones? Nadie. De hecho, un periodista me lo preguntó y estuve de acuerdo, sobre todo en Córdoba, el departamento ganadero que sufrió los mayores destrozos.
Un decreto de emergencia, que entrega al Ejecutivo poderes extraordinarios, es una autorización para adoptar, también por decreto, las medidas para atenderla. Estos decretos, sin embargo, no son cheques en blanco, pues son “legislativos” y tienen control constitucional automático.
Ahora bien, quizás nadie esté en contra de la emergencia en este caso, pero…, como ese estado de excepción permite arbitrar los recursos necesarios, ya sea vía endeudamiento, impuestos o reducción del gasto, el “pero” está en lo que finalmente haga el Gobierno.
Empezamos mal, porque, a pesar del clamor nacional contra la corrupción y el derroche, para un gobierno populista la reducción del gasto no es una opción, y menos en esta época preelectoral, cuando ha sido descarada la orientación política del gasto público.
La Contraloría encontró que, solo en enero, antes de entrar en vigor la Ley de Garantías, que nada garantiza, pues hace años le hicieron su trampa, este gobierno batió récord de “contratación electoral” con 164.813 contratos por la bicoca de 14,9 billones. Súmenle ahora los 325.000 empleos públicos creados durante 2025. Costosa democracia…
Como no había con qué pagar subsidios absurdos, como el millón por no matar, ni justificables, como el de los ancianos, ni el ajuste al mínimo a empleados públicos y pensionados, ni los 325.000 empleos, el Gobierno exprimió el endeudamiento, que pasó de $804 a $1.180 billones entre agosto 2022 y octubre 2025. ¿Qué hizo con esos 376 billones de deuda nueva? Buena pregunta. Costosa democracia…
¿Qué le queda al Gobierno? Los impuestos. Sin que se secara la tinta del decreto de emergencia, el ministro de Hacienda anunció el Impuesto al Patrimonio a las empresas, del 0,6 % a partir de patrimonios líquidos de 200.000 UVT, equivalentes a más o menos $10.000 millones, que parece mucho, pero, aunque en Colombia las empresas se clasifican por las ventas, ese patrimonio está entre el rango superior de las pequeñas y el inferior de las medianas, que generan un porcentaje importante del empleo formal.
Después del costoso ajuste al mínimo, el impuesto al patrimonio para algunas pequeñas empresas y todas las medianas, puede llevar al cierre a muchas de ellas y perderán el empleo miles de personas sin influencias para contratar con el Estado, así toque votar por quien sea.
Es un sacrificio no presupuestado que el Gobierno no le puede pedir a las empresas, acabando de despilfarrar casi 15 billones en contrataciones que son una burla a la Ley de Garantías y, como lo solté en una columna anterior, sin eufemismos, una descarada compra de votos y una lesión enorme a la democracia. Costosa democracia…
Por: José Félix Lafaurie Rivera
@jflafaurie