Desarticulan red criminal que explotaba niños y niñas en la mendicidad en Medellín
Niños y niñas de la etnia Embera Katío, que no superaban los cinco años, fueron instrumentalizados por una red de explotación infantil para ejercer prácticas de mendicidad en lugares públicos de Medellín. La Fiscalía capturó y judicializó a siete cabecillas de esta actividad ilegal ante un juez de control de garantías, imputándoles los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores de edad con fines de mendicidad. Todos fueron enviados a la cárcel a cumplir medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
Los procesados son la colombiana Ana Lucía López Sánchez y los venezolanos, Wilfredy Johan Godoy Villamizar, Nahomi Karlais López Goyo, Yosmairi Coromoto Barrios, Milagros del Valle Siria, Ángela del Valle Valera Graterón y Yajaira Alejandra Hernández Correa.
Los actos investigativos desplegados por la Fiscalía General de la Nación pusieron en evidencia a esta red de explotación infantil que instrumentalizaba a niños y niñas indígenas para ejercer prácticas de mendicidad en parques y otros lugares públicos de la capital de Antioquia.
Siete personas que estarían involucradas en estas prácticas ilícitas fueron presentadas ante un juez penal de control de garantías e imputadas por los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores de edad con fines de mendicidad, cargos que no fueron aceptados.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal especializado de la Seccional Medellín, con apoyo de la Policía Nacional, esta red habría utilizado a menores de edad de la etnia Embera Katío, que no superaban los cinco años, para abordar a turistas nacionales y extranjeros, y pedirles elementos de primera necesidad como leche, medicamentos y pañales.
Posteriormente, los artículos eran revendidos en droguerías y otros establecimientos de comercio ubicados en inmediaciones del Parque Lleras y Provenza, en el barrio El Poblado. De esta manera, la red alcanzaba a percibir mensualmente hasta 180 millones de pesos, producto de la comercialización de los productos y el dinero en efectivo que recibían los niños indígenas.
Con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Alcaldía de Medellín y Migración Colombia, en el curso de la investigación se logró el restablecimiento de derechos a los menores de edad involucrados en más de 900 casos ocurridos durante los últimos dos años. Asimismo, fueron cerradas y selladas tres farmacias que estarían involucradas en el entramado de explotación infantil.
Por disposición del juez de control de garantías, los ciudadanos extranjeros deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que López Sánchez permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia. Con RSF