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Actualidad

Denuncian a Petro por su relación con Verónica Alcocer y su inclusión en la «Lista Clinton»

El profesor y experto en finanzas criminales, Juan Carlos Portilla, presentó ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes dos denuncias contra el presidente Gustavo Petro por presuntamente haber incurrido en los delitos de falsedad en documento público y lavado de activos, el primero por su relación con Verónica Alcocer y el segundo por su inclusión en la «Lista Clinton».

Según lo explicó en un comunicado, el presidente Petro incurrió en la posible comisión del delito de falsedad en documento público «toda vez que en un formulario público de la Presidencia de la Republica sobre la declaración de bienes, rentas y conflictos de interés del Presidente Petro y publicado el 11 de noviembre de 2024, el propio mandatario consignó que la señora Verónica del Socorro Alcocer García como su cónyuge o compañera permanente».

Añade que posteriormente, en octubre de 2025, el presidente Petro realizó declaraciones públicas en su cuenta en la red social X afirmando que la señora Alcocer está separada de él desde hace años, lo que, afirma el demandante, podría configurar inexactitud o falsedad en documento público susceptible de investigación penal.

En lo que respecta al presunto lavado de dinero, el abogado sustenta su denuncia en la inclusión del jefe del Estado en la lista de la OFAC o «Lista Clinton» del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Al efecto, reseña las pruebas solicitadas en este caso: información bancaria del presidente Petro; reportes de operaciones sospechosas sobre las cuentas del Presidente, Verónica del Socorro Alcocer García, su círculo familiar y asesores; análisis y reportes de inteligencia financiera de la IJIAF y de autoridades equivalentes en Italia, Islas Caimán, Panamá, Estados Unidos y otros paraísos fiscales en América Latina, el Caribe y la Unión Europea; y cooperación internacional e indagaciones ante las autoridades competentes.

Señala Portilla que le corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación recibir la denuncia y adelantar la investigación preliminar conforme a sus atribuciones constitucionales, a fin de determinar si existen méritos para
la formulación de acusación.

Portilla concluye afirmando que «todos los colombianos merecemos saber la verdad: la corrupción pública es un flagelo que fractura la confianza ciudadana. Investigar estas presuntas conductas es un deber de la justicia para proteger el Estado de derecho y recuperar la decencia pública», concluye. Con RSF

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