Corte Constitucional pide a la UNP proteger 128 exguerrilleros amenazados en Nariño

El alto tribunal busca proteger los derechos a la vida y a la salud de los excombatientes y alerta a la Presidencia de la República para que atienda los casos.

La Corte Constitucional fue clara en las órdenes que dio a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para proteger la vida de 128 excombatientes de las Farc que se encuentran en reiterada amenaza de muerte en el departamento de Nariño. Se deberá adelantar “los trámites pertinentes para hacer la entrega efectiva de las medidas de protección que se adoptaron a favor de la comunidad de Nueva Área de Reincorporación (NAR) de Tallambí, municipio de Cumbal – Nariño”, dijo el alto tribunal.

La Corte busca proteger los derechos a la vida y a la salud de los excombatientes y le hace alerta a la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Por otro lado se le pide en el auto a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que vigilen el cumplimiento de la directriz enviada a la UNP, recogió La FM.

“Se oficie a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, acompañen el cumplimiento de la medida provisional expedida en el presente auto”.

Los 128 exguerrilleros están asentados en la zona fronteriza con Ecuador, donde se ha confirmado la presencia de la guerrilla del Eln y del frente ‘Oliver Sinisterra’ de las disidencias de las Farc. Esta comunidad firmante del Acuerdo de Paz afirma que se les asignaron vehículos blindados y escoltas, pero que la UNP no se los ha administrado aun.

Hace unos días, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán falló en segunda instancia a favor de Martha Inés Zapata quien afirmaba que su vida corría peligro por la falta de medidas de seguridad al ser exguerrillera de las Farc y firmante del Acuerdo. El falló llegó contradiciendo la decisión en primera instancia en la que se le dio la razón a la UNP que argumentaba que estaba atendiendo el caso, pero no era así. A Zapata, según el tribunal, se le vulneraron sus derechos fundamentales y le exigió a la Unidad de Protección elaborar la evaluación reevaluación de nivel de riesgo y garantizarle la seguridad a la excombatiente, reportó El Espectador.

Las denuncias contra la UNP han sido pie de lanza de muchas controversias por la seguridad de los firmantes del acuerdo. Desde Pastor Alape hasta Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, han denunciado que se han reducido sus móviles de seguridad. Hasta el 15 de febrero de 2021, el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de 9 exguerrilleros firmantes del Acuerdo.

De acuerdo con la entidad, no hay ninguna acción real por parte del Gobierno nacional para esclarecer estos crímenes y, peor aún, no hay ningún plan efectivo para evitar que sigan pasando.

“Tenemos prácticamente un asesinato por día de líderes sociales y personas en proceso de reincorporación. Esto son casi dos masacres por semana” manifestó Camilo González, director del instituto.

Asesinatos de líderes sociales:

De acuerdo con el informe que entregó Indepaz, durante lo corrido del 2021, han sido asesinados 22 defensores de derechos humanos en Colombia. El director de la Institución pidió una reunión con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y así, juntos, hacer las respectivas peticiones al Gobierno para que se detenga, de una vez, “el desborde de violencia contra los líderes comunitarios”, enfatizó González.