Consejo de Estado niega presiones del Procurador para elegir integrante del alto tribunal
El Consejo de Estado replicó una nota de un diario capitalino en la cual se sugirió que los Magistrados de esta Corporación habríamos sido presionados por el Procurador General de la Nación Fernando Carrill para que uno de sus procuradores delegados, sea elegido Consejero de Estado.
Ni el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, ni otro funcionario estatal, ni tampoco ningún particular han intentado ejercer algún tipo de influencia para favorecer la elección de alguno de los aspirantes la cargo de magistrados, señaló el alto tribunal en un comunicado, cuyo texto transcribimos a continuación:
1. La Sala Plena del Consejo de Estado no acepta, ni aceptará presiones de ningún tipo para favorecer la elección de ningún aspirante a una corporación pública.
2. El cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales que reúnan los candidatos y sus cualidades profesionales y experiencia son los únicos criterios que guían las decisiones de nuestra corporación en estos escenarios.
3. Ni el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, ni otro funcionario estatal, ni tampoco ningún particular han intentado ejercer algún tipo de influencia para favorecer la elección de alguno de los aspirantes al cargo de magistrado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que dejó vacante nuestro excompañero Carlos Alberto Zambrano Barrera.
4. El señor Procurador General de la Nación, como todos los servidores públicos, tiene absoluta claridad sobre su marco funcional que de ninguna manera le permitiría tal injerencia.
La elección del titular del cargo que dejó vacante el doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera, como es nuestra tradición y nuestro deber, será el resultado de un examen concienzudo sobre las capacidades y experiencia que tengan los aspirantes y no la respuesta a algún tipo de presión indebida que definitivamente NO HA EXISTIDO.
Nuestro compromiso con la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción no solo hace parte de una política asumida por el Consejo de Estado de tiempo atrás, sino que también hace parte del juramento hecho por cada uno de nuestros servidores de defender la ley y la Constitución.