Comisión de Acusación abrió una investigación previa a Petro por polémico “tarimazo” en Medellín
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenó la apertura de una investigación previa al presidente Gustavo Petro por el polémico “tarimazo” en Medellín, Antioquia. Los hechos se presentaron el 21 de junio de 2025 en el Centro Administrativo La Alpujarra en Medellín, donde el mandatario llevó a cabo un evento relacionado con las negociaciones de paz que adelanta con estructuras criminales urbanas.
Petro invitó a la tarima a varios cabecillas condenados, que hacen parte de estructuras criminales como la Oficina de Envigado y La Terraza. Todos estaban recluidos en la cárcel de Itagüí, pero se ordenó su salida temporal para que pudieran participar del evento oficial.
Esta situación generó indignación y malestar en el país político y derivó en llamados de atención y denuncias. Ahora, la Comisión de Investigación y Acusación hará indagaciones al respecto.
“ORDÉNESE la apertura de la INVESTIGACIÓN PREVIA dentro del expediente No. 6992 instaurado por ALEJANDRO DE BEDOUT ARANGO contra el Presidente de la República GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, por los hechos denunciados en relación con la realización del evento denominado “Paz Urbana”, efectuado el 21 de Junio de 2025 en la ciudad de Medellín (Antioquia), conforme al artículo 424 de la Ley 600 de 2000″, se lee en el documento decisorio de la comisión.
Aunado a ello, recordó que el 28 de agosto de 2025, por medio de un auto, la comisión compulsó coplas a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por señalamientos contra la senadora Isabel Cristina Zuleta López, que presuntamente habría autorizado la salida de los cabecillas de la cárcel.
De igual manera, decretó el desarrollo de diligencias y la recolección de pruebas “pertinentes, conducentes, útiles y necesarias” para la verificación de los hechos. Ofició al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) remitir copias de dos resoluciones y documentos que den cuenta de la autorización de los traslados de internos al evento del 21 de junio de 2025.
De igual manera, se instó al Ministerio de Justicia y del Derecho a informar si tuvo conocimiento sobre la decisión de permitir la salida de los reclusos de la cárcel para que participaran en el evento. También debe aclarar si estuvo involucrado en los hechos o si avaló las decisiones administrativas que derivaron en el traslado de las personas privadas de la libertad.
Por su parte, la Presidencia de la República deberá certificar si desde la Secretaría Privada, la Jefatura de Gabinete o la Consejería Presidencial para la Reconciliación se emitieron órdenes o directrices relacionadas con la organización del evento.
El Sistema de Medios Públicos de Colombia Rtvc y el Canal Institucional deberán allegar una copia de la transmisión oficial del evento en el que los cabecillas de las estructuras criminales participaron.
La participación de los criminales en el evento derribó fronteras. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, envió una carta al Departamento de Estado de Estados Unidos, la DEA, y el FBI, con el fin de informar sobre lo ocurrido en el evento y advertir sobre “la situación crítica de seguridad y criminalidad transnacional” de la capital antioqueña.
En la misiva, aseguró que el Gobierno nacional está favoreciendo a las estructuras criminales de forma directa e indirecta. A su juicio, el acto público en cuestión generó una grave afectación a nivel institucional y, además, constituyó una revictimización de las personas que han sufrido las atrocidades cometidas por los cabecillas y sus organizaciones delincuenciales.
“Fueron exhibidos en tarima como “voceros de paz”, pese a tener condenas en firme por crímenes atroces(como homicidio, tráfico de narcóticos, uso de menores de edad para la comisión de delitos, desaparición forzada, secuestro extorsivo, extorsión y concierto para delinquir, entre otros delitos de altísima gravedad)”, señaló. Con Infobae