CIDH otorga medidas cautelares a comunidades indígenas del Putumayo en “proceso de inminente exterminio”
Teniendo en cuenta denuncias sobre amenazas, intimidaciones, ocupaciones ilegales de hogares, enfrentamientos armados, limitaciones en el libre desplazamiento de personas y presencia de actores armados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de las comunidades indígenas del departamento del Putumayo, ubicado al sur del territorio colombiano, fronterizo con Ecuador.
La decisión cobija concretamente a las autoridades y miembros de los Resguardos Gonzaya, en Buenavista) y Po Piyuya, en Santa Cruz de Piñuña Blanco, del Pueblo Indígena Siona, que al pedir la protección denunciaron que se encuentran en “proceso inminente de exterminio”, según lo reconoce el mismo organismo internacional.
En su informe la CIDH indica que tomó nota y valoró las medidas de protección informadas por el Estado, pero observó que los solicitantes informaron sobre múltiples eventos de riesgo ocurridos hasta meses recientes de 2018, los cuales incluyen presuntas amenazas, intimidaciones, ocupaciones ilegales de hogares, enfrentamientos armados, limitaciones en el libre desplazamiento de personas siona, y la alegada presencia de actores armados que buscarían consolidar sus actividades en los Resguardos.
La Comisión subraya que notó que, según los solicitantes, existirían minas antipersonales u otros artefactos explosivos en la zona y los miembros de los Resguardos estarían limitados por actores armados a realizar sus actividades en determinados horarios e imposibilitados de realizar actividades culturales y obtener libremente bienes de subsistencia o alimentos.
La Comisión tomó en cuenta la relación especial e intrínseca que los pueblos indígenas tienen con su territorio como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia y la manera en la cual la alegada falta de acceso libre a diversas zonas del territorio de un pueblo indígena puede exponerlos a condiciones de vida precarias o a mayor vulnerabilidad. Dicha situación tendría un especial impacto en las autoridades Siona, quienes se verían impedidas de cumplir con el mandato otorgado por su pueblo, según sus propias normas, estando expuestos por su liderazgo y visibilidad a diversos eventos de riesgo.
Los solicitantes alegaron además que existiría reclutamiento de jóvenes indígenas a estructuras armadas con referentes culturales distintos, lo cual la Comisión consideró podría colocar a los indígenas siona en una especial situación de riesgo debido a la exposición de actos de violencia, que podrían llevar a desarticular al colectivo, quien sería privado de una población importante de un mismo grupo generacional vital para la recreación y transmisión de sus valores, normas y cultura.
En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de las autoridades Siona identificadas y las familias de los Resguardos Siona Gonzaya y Po Piyuya; adopte las medidas de protección culturalmente adecuadas para que las autoridades Siona identificadas y las familias de los Resguardos Siona Gonzaya y Po Piyuya puedan vivir de manera segura en su territorio, sin ser objeto de violencia, amenazas y hostigamientos.
Tales medidas, además de que los cuerpos de seguridad profundicen sus esfuerzos o se adopten medidas más integrales y coordinadas, podrían, por ejemplo, incluir medidas para posibilitar sus desplazamientos de manera segura para realizar sus actividades culturales y de subsistencia; retirar el material explosivo existente en sus territorios o descartar la presencia de los mismos; prevenir y evitar el reclutamiento de jóvenes; y fortalecer los medios de comunicación para atender emergencias; adopte medidas culturalmente adecuadas para proteger la vida e integridad de las autoridades Siona identificadas y puedan cumplir con el mandato que tienen según sus propias normas y sistema de gobierno en condiciones de seguridad; concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y/o sus representantes, de acuerdo con sus formas propias de toma de decisiones y sistema de autogobierno; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables, puntualiza el informe.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.