Cargos a concejal de La Paz por irregularidades en elección de personero
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar, formuló pliego de cargos contra el concejal de La Paz, Lain Herald Rodríguez Brito, por presuntas irregularidades relacionadas con el proceso de contratación adelantado para seleccionar al operador del concurso de méritos para la elección del personero municipal del periodo 2024-2028.
Los hechos se remontan a septiembre de 2023, cuando el Concejo Municipal abrió una invitación pública para contratar la institución encargada de desarrollar el proceso. Entre las condiciones establecidas se exigía que la entidad educativa acreditara programas académicos en Derecho, Administración Pública, Ciencias Políticas y Psicología.
Según la actuación disciplinaria, la Corporación Universitaria CENDA, única institución que presentó oferta, no habría acreditado el cumplimiento de uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. Pese a ello, Rodríguez Brito, quien para ese momento se desempeñaba como primer vicepresidente de la corporación y tenía funciones delegadas de supervisión, suscribió el informe de evaluación en el que se dejó constancia de que la institución cumplía con los requisitos habilitantes.
Con base en dicha evaluación, el entonces presidente del Concejo Municipal procedió posteriormente a adjudicar y suscribir el contrato con la institución educativa, en octubre de ese mismo año.
Para el Ministerio Público, el concejal habría incumplido sus deberes funcionales al validar la propuesta pese a que, según la investigación, la documentación presentada permitía advertir que no se acreditaban plenamente las condiciones exigidas en la invitación.
La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta investigada como una falta gravísima a título de culpa gravísima y dispuso que el expediente avanzara a la etapa de juzgamiento disciplinario.
El caso salió a la luz luego de que un ciudadano acudiera a la acción de tutela y el Juzgado Promiscuo Municipal de La Paz amparara sus derechos, ordenando suspender el concurso de méritos para la elección del personero.
A raíz de esa decisión judicial, la mesa directiva del Concejo Municipal expidió una resolución mediante la cual retrotrajo las actuaciones y dejó sin efectos la convocatoria inicial.
Dentro del mismo proceso disciplinario, la Procuraduría determinó archivar definitivamente las actuaciones contra otros dos integrantes de la mesa directiva de la corporación.
En el caso de la entonces segunda vicepresidenta, Cindy Carolina Zuleta, el organismo de control concluyó que no tuvo participación en las labores de evaluación de la propuesta ni en la supervisión del contrato cuestionado.
Respecto al expresidente del Concejo, Marcos Enrique Pérez Ramírez, la Procuraduría consideró que su actuación estuvo amparada en el denominado principio de confianza legítima, debido a que la adjudicación del contrato se produjo con fundamento en el informe y aval técnico previamente elaborado y suscrito por Rodríguez Brito, quien tenía delegadas las funciones de evaluación y supervisión.
El proceso disciplinario contra Rodríguez Brito continuará en la etapa de juzgamiento, en la que deberán establecerse las responsabilidades correspondientes y garantizarse el derecho de defensa del funcionario investigado.