Capturan a nueve extrabajadores mineros por fraude en las pensiones en Valledupar
La Fiscalía General logró la captura de nueve extrabajadores de empresas mineras sindicados de obtener pensiones de manera fraudulenta. Las diligencias de registro y allanamiento se realizaron en Valledupar (Cesar) en los barrios Francisco el Hombre, Nueva Esperanza, La Victoria, Altagracia y Villa Carola. Una persona más fue capturada en el municipio de San Diego y otro en Bucaramanga (Santander).
Los detenidos fueron identidades como Henser Sierra, quien laboró como operador de equipo; Fabio Zuleta Poveda, técnico mecánico; Hernán Coronel, operador de camión; Luis Miguel Gutiérrez, oficios varios, Carlos Tulio Mendoza, supervisor, Milso Ospino Herrera, operador de buldócer; Jorge Camaño Barrios, operador de camión y Yimi Rosado, electricista.
Los capturados, extrabajadores de la Drummon, Cerrejón y Prodeco, serán procesados por los delitos de estafa agravada, fraude procesal y falsedad en documento público y privado.
De acuerdo con las autoridades, estas personas, supuestamente, simularon tener problemas mentales para obtener la pensión.
La Fiscalía lidera la operación Frenocomio, a través de la cual el ente acusador puso al descubierto un entramado criminal que funcionaba desde el 2016 y que tenía por objeto declarar a personas como enfermas mentales para que lograran su pensión por invalidez, usando documentos falsos. El fraude supera los $90.000 millones a través del reconocimiento de pensiones por invalidez, especialmente a empleados de multinacionales mineras. Por estos hechos, ya han sido aprehendidas más de 30 personas en Cesar, entre médicos, jueces, funcionarios y particulares.
Así operaban
Al parecer, la manera de operar en este caso, es que con avales de médicos calificadores de Colpensiones, funcionarios públicos que hacen parte de la Junta Regional de Calificación del Cesar (JRC), además de abogados, psiquiatras y juzgados laborales y civiles, presentaban documentación falsa para lograr alcanzar las pensiones argumentando problemas médicos.
De esta manera, un paciente que no alcanzaba un puntaje para pensionarse por problemas de salud, contactaba a la JRC y negociaba una calificación del 50% y más de la pérdida de capacidad laboral. En otros casos era el psiquiatra quien era contactado para expedir un dictamen declarando a la persona mentalmente inválida.
Cuando el dictamen era apelado por las empresas entraban a jugar un papel importante los juzgados laborales, que a través de tutelas ordenaban a los fondos pensionales y a las aseguradoras pensionar y pagar las respectivas pólizas.
Sumado a esto, estas personas solicitaron créditos financieros al máximo de su capacidad de endeudamiento, por lo que cuando tenían el dictamen médico con su incapacidad laboral certificada, lo llevaban a las entidades para que sus deudas fueran condonadas.