USPEC paga $2.100 millones en brazaletes electrónicos sin instalar: Contraloría
En solo 4 meses, de junio a septiembre de 2017, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) pagó $2.152 millones de pesos por brazaletes electrónicos que no habían sido instalados en personas privadas de la libertad, lo que para la Contraloría General de la República puede llegar a configurarse en un daño al patrimonio público, derivado del pago por un servicio que no se está recibiendo.
La situación se dio tras la selección del prestador del servicio de vigilancia electrónica, escogido en desarrollo de un proceso de subasta en la Bolsa Mercantil de Colombia, dado que en este proceso se modificaron las condiciones de prestación de servicio y la forma de pago, estableciéndose una nueva que, de acuerdo con el concepto de la Contraloría en su último informe de auditoría de cumplimiento, atenta contra los intereses patrimoniales del Estado.
Antes la USPEC sólo tenía la obligación de pagar una vez el dispositivo de vigilancia se encontrará instalado en la humanidad del beneficiario, mientras ahora el pago se genera a partir del sexto día de entregados los dispositivos a la entidad, sin importar si los mismos se encuentran o no instalados en los beneficiarios, tarea a cargo del INPEC y la empresa contratista.
Prisión domiciliaria presenta problemas de efectividad
Así mismo y conforme a los resultados de diferentes ejercicios de control fiscal adelantados por la Contraloría, se evidenció que la prisión domiciliaria, como medida alternativa a la retención intramural, viene presentando serios problemas de efectividad relacionados con el insuficiente personal de custodia y vigilancia que se dedica a efectuar el seguimiento a los beneficiarios del mismo, lo que se refleja en imposibilidad material de hacer seguimiento oportuno a las alarmas que genera la vigilancia electrónica, frente a la violación de las restricciones por parte de sus beneficiarios.