$90 billones de pesos están en riesgo en Colombia por corrupción: Fiscal General

Francisco Barbosa, fiscal general de la nación dio a conocer que solo el 38% de los delitos de corrupción que se denuncia en el país son esclarecidos.

Durante la presentación del Plan de Direccionamiento Estratégico de la Fiscalía General de la Nación para los próximos cuatro años, el fiscal general, Francisco Barbosa, dio a conocer que en el país hay 90 billones de pesos en riesgo por corrupción.

En el evento, el fiscal explicó que el índice de esclarecimiento de estos casos solo llega al 38%; es decir, que más del 60% de los casos de corrupción que se presentan en Colombia no han sido resueltos, o se mantienen en la impunidad.

“El funcionamiento de la Fiscalía en un año vale 4.6 billones de pesos, imagínense ustedes lo que significa 90 billones de pesos en corrupción, eso es impresionante.”, expresó Barbosa.

De acuerdo con la Fiscalía, entre 2015 y 2019, la entidad atendió 192.266 reportes por delitos asociados a la corrupción, y alcanzó una tasa de esclarecimiento del 38% en los hechos priorizados, cifras que para el ente judicial indican que hay que aumentar esfuerzos para que los casos por corrupción no queden en la impunidad.

Uno de los objetivos principales de la entidad, en su plan de direccionamiento, será elevar la judicialización de delitos contra la administración pública en el país, fortaleciendo las investigaciones por reportes de corrupción en sectores como la salud, la educación, medio ambiente, electoral, contratación pública y administración de la justicia.

“La Fiscalía trasladará equipos especializados a las regiones para atender las denuncias por delitos contra la administración pública donde escasea la vigilancia de los recursos del Estado y es alta la captación de los funcionarios públicos por parte de las organizaciones criminales.”, explicó la entidad en un comunicado.

El ente judicial enfatizó en que se le dará prioridad de investigación a los casos que involucren ‘aforados constitucionales’, y que además continuará con la vigilancia de los recursos que han sido destinados para enfrentar la crisis económica causada por el covid-19.

Como parte de su plan estratégico para los próximos años, la Fiscalía dio a conocer que también priorizará las investigaciones en los delitos que afecten la seguridad ciudadana y de zonas rurales, teniendo en cuenta que la tasa promedio de homicidios en el país sigue siendo muy alta, 25 por cada 100.000 habitantes.

“Los crímenes contra defensores de derechos humanos y poblaciones de especial protección constitucional han sido priorizados. En 2020, entre febrero y octubre, se pasó de 52% a cerca de 61% de esclarecimiento de homicidios de líderes sociales. Esto gracias al trabajo articulado de la Unidad Especial de Investigación, las diferentes Delegadas y Direcciones de la Fiscalía, y la creación de grupos interdisciplinarios.”, explicó el ente judicial.

Esta estrategia de priorización también será aplicada para los homicidios de personas en proceso de reincorporación y sus familiares, y en los homicidios colectivos.

Por otro lado, la Fiscalía enfatizó que el feminicidio será un delito que también será priorizado en cualquier tipo de investigación, y para ello, la entidad fortalecerá su capacidad investigativa para esclarecer aquellos “casos registrados en escenarios no íntimos, como, por ejemplo: familiares, por conexión, sexuales sistemáticos, vinculados a redes organizadas, por explotación sexual o ocupaciones estigmatizadas, transfóbicos y lesbofóbicos”.

En esa misma línea, la entidad manifestó que garantizará la denuncia, atención y protección de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia intrafamiliar, o violencia sexual.

En cuanto a la criminalidad, La Fiscalía establecerá una ofensiva integral en aquellas zonas establecidas con altos niveles de criminalidad y violencia, para identificar y judicializar a las cabecillas de esas organizaciones criminales y poder imputarles cargos.

La entidad judicial, también explicó que con su plan estratégico aumentará sus recursos para las investigaciones por hurto, y que además, aumentará la infraestructura institucional que le permita a sus funcionarios impulsar sus competencias y destrezas en el ámbito judicial.