Fiscalía acusa formalmente a Álvaro Leyva Durán por presunto prevaricato en contrato de pasaportes
La Fiscalía General de la Nación presentó este jueves ante la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, la acusación formal contra el ex-canciller Álvaro Leyva Durán por el delito de prevaricato por acción. El ente acusador sostiene que el exfuncionario habría proferido resoluciones contrarias a la ley al declarar desierta la licitación de pasaportes en 2023 y, posteriormente, declarar la urgencia manifiesta para contratar de manera directa, decisiones que habrían afectado la transparencia en la contratación pública y los recursos del Estado.
El eje de la controversia judicial
El escrito de acusación detalla que Leyva Durán, en su calidad de Ministro de Relaciones Exteriores, presuntamente omitió los conceptos técnicos y jurídicos que avalaban la adjudicación del contrato a la firma Thomas Greg & Sons, la cual había obtenido la mejor calificación en el proceso licitatorio. Según la Fiscalía, la decisión de frenar dicho proceso carecía de sustento legal suficiente, lo que derivó en una parálisis administrativa y posteriores demandas millonarias contra la Nación.
El proceso entra ahora en una etapa crucial donde se determinará si el actuar del ex-canciller estuvo motivado por intereses ajenos a la función pública. Por su parte, la defensa de Leyva insiste en que sus actuaciones buscaban evitar un monopolio en la expedición de documentos de identidad y proteger la soberanía de la información de los ciudadanos.
Respeto al debido proceso
Es fundamental precisar que, aunque la Fiscalía ha formalizado la acusación basada en el material probatorio recaudado, el ex-canciller Álvaro Leyva Durán mantiene su presunción de inocencia. En este estado del proceso, se le considera el presunto responsable de los hechos mencionados, y será únicamente una sentencia judicial en firme la que determine su culpabilidad o inocencia tras el debate probatorio ante los magistrados.
La evolución de este caso es seguida de cerca por la opinión pública, dado que involucra uno de los servicios más sensibles para los colombianos y pone bajo la lupa la autonomía de los ministros en la toma de decisiones contractuales de alto impacto. Con RSF