El Gobierno de responde a petición del EMC para liberar a tres secuestrados
El Gobierno de Colombia está dispuesto a abrir una zona de seguridad en el departamento del Cauca para que guerrilleros disidentes del proceso de paz de las FARC-EP, que ahora integran el llamado Estado Mayor Central (EMC) de ese grupo armado, liberen a una civil y dos fiscales que secuestraron a mediados del pasado mes de abril.
«Estamos con una intermediación para que se logre definir» la liberación de los secuestrados, expresó este miércoles el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, en declaraciones a la prensa local desde la localidad de El Pozón, en Cartagena, donde el presidente, Gustavo Petro, realiza jornadas de trabajo con las comunidades.
Velásquez agregó que si el EMC tiene la voluntad de liberar a los secuestrados, el Gobierno de Petro también esta dispuesto a lograr un acuerdo para que se den las «condiciones de seguridad» que piden los rebeldes y, de esa manera, se pueda llegar, finalmente, a «la determinación del área correspondiente necesaria para que se proceda».
El titular de Defensa recordó que los guerrilleros enviaron al Ejecutivo una primera petición para que no se ejecutaran acciones militares y se despejaran cinco municipios del Cauca. Sin embargo, Velásquez aclaró que esa solicitud fue rechazada, porque estimaron que el área requerida era «muy extensa».
En respuesta, dijo Velásquez, se les indicó a los integrantes del EMC que el área restringida para concretar las liberaciones debía ser solo «la necesaria». Luego, los rebeldes enviaron una segunda propuesta de una zona que comprende tres municipios, que ha sido lo expuesto por los guerrilleros en su último comunicado.
«Nosotros lo que hemos insistido es en que sea el área necesaria para liberar con seguridad las personas secuestradas», añadió Velásquez, subrayando que el Gobierno tiene toda la voluntad para que el EMC concrete las liberaciones.
«Con los actos humanitarios no se regatea»
Los dos fiscales secuestrados fueron identificados como Betty Mage y Gersón Rivera, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial (CTI), una dirección de la Fiscalía General. Por su parte, la civil que acompañaba a ambos funcionarios es María Yeni Ruiz.
Las tres personas fueron secuestradas por la estructura Dagoberto Ramos del EMC el pasado 19 de abril, cuando se vieron obligados a transitar por una vía rural del municipio de Santander de Quilichao, al norte del Cauca, debido a un bloqueo que se originó en la vía Panamericana.
Los insurgentes sostienen que con su operación militar de rescate, el Gobierno pone en riesgo la vida de los fiscales y de su acompañante, mientras están «bajo poder de las FARC-EP». Por ello, advierten que si algo les llega a pasar, el «único responsable» será «Gustavo Petro y su intransigencia».
En ese sentido, el EMC pide al gobierno que suspenda sus acciones militares durante 48 horas en tres municipios por acordar. «Con la guerra total anunciada por el presidente Petro y la ruptura del cese al fuego con las FARC-EP es lo mínimo que podemos pedir», asegura el grupo.
«Pasan los días y no se obtiene respuesta del Gobierno Nacional. La vida e integridad de los detenidos depende exclusivamente del Gobierno Nacional. Con los actos humanitarios no se regatea», reza el comunicado divulgado este miércoles por el EMC con fecha del 7 de mayo. Con RT