Paloma Valencia acusa a la IPS Sadi de financiar a senadores del Pacto Histórico
En un desarrollo sorprendente dentro del debate de la reforma a la salud en el Congreso de la República, la senadora Paloma Valencia lanzó una acusación que pone en entredicho la financiación de la campaña electoral del Pacto Histórico. Según Valencia, la IPS Sasi, conocida por su servicio de transporte asistencial medicalizado, habría contribuido con una suma considerable a la campaña de los candidatos al Senado del Pacto Histórico en el año 2022.
La controversia surge en medio de un proceso legislativo ya tenso, donde varios senadores enfrentaron recusaciones por presuntamente recibir apoyo financiero de grupos económicos vinculados a algunas EPS del país. Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, había solicitado que se aprobaran los impedimentos para los congresistas que votaron en contra del proyecto de reforma y llevó su denuncia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), señalando a cinco partidos políticos.
Valencia reveló que la IPS Sasi habría desembolsado más de 1.150 millones de pesos para apoyar a 19 candidatos al Senado del Pacto Histórico, incluyendo a Wilson Arias y Martha Peralta, quienes fueron ponentes de la reforma a la salud y no se declararon impedidos en la votación, como lo exige la ley según Arias. La cifra asignada a cada candidato ascendió a 60.782.337 millones de pesos, lo que plantea preguntas sobre la influencia de estos aportes en las decisiones políticas.
“Sadi, la IPS de transporte asistencial medicalizado, aportó $1.154.864.403 a 19 candidatos al Senado del Pacto Histórico, incluyendo Wilson Arias y Martha Peralta, ponentes de la reforma a la salud que no se declararon impedidos como alega el Senador Wilson Arias que se debía hacer; fueron $60.782.337 millones por cada uno. La Ley no distingue entre crédito o donación. Ambos son aportes que financian la campaña, lo que según la teoría de Wilson Arias genera un interés directo en la discusión”, se puede leer en la publicación hecha por Valencia.
La legislación colombiana no hace distinción entre créditos o donaciones, ambos considerados como aportes a las campañas políticas, lo que podría generar un conflicto de interés directo en la discusión de temas relevantes, tal como lo sugiere la teoría de Arias.
A pesar de que los impedimentos planteados durante la votación de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado no tuvieron éxito, el CNE ha iniciado investigaciones preliminares para determinar la legalidad de los aportes recibidos por los partidos políticos. Este escrutinio podría tener implicaciones significativas para el futuro político y legal de los involucrados y para la integridad del proceso electoral en Colombia.
Cuál fue la denuncia de Wilson Arias
La denuncia realizada por el senador Wilson Arias del Pacto Histórico se centra en la presunta financiación ilegal de campañas políticas por parte de empresas extranjeras y dueñas de Entidades Promotoras de Salud (EPS) a cinco partidos políticos durante las elecciones legislativas de 2022 en Colombia.
Según Arias, los partidos Liberal, Conservador, Partido de la U, Centro Democrático y Alianza Social Independiente (ASI) habrían recibido donaciones de empresas como Keralty y Grupo Bolívar, que tienen participación en EPS. La ley colombiana prohíbe a las EPS hacer donaciones a las campañas políticas y también prohíbe la financiación con fines políticos y electorales por parte de extranjeros.
El senador Arias argumenta que el Centro Democrático recibió al menos $35 millones de pesos de la multinacional extranjera Keralty, propietaria de la EPS Sanitas, y $302 millones de pesos del Conglomerado Económico Bolívar, que controla la EPS Salud Bolívar. Además, señala que el Partido de la U habría recibido $87 millones de pesos entre las dos empresas; los Conservadores habrían recibido $102 millones de pesos; el Partido Liberal $82 millones de pesos y el ASI habría recibido $22 millones de pesos.
Arias sugiere que esta financiación podría ser la razón por la cual los legisladores de estos partidos estaban en contra de la reforma a la salud que se tramita en la Comisión Séptima del Senado. La denuncia ha sido presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y una copia reposa en manos de la fiscal general para que se investiguen estas presuntas actuaciones contrarias a la ley.
La acusación ha provocado una respuesta por parte de los partidos implicados, quienes han calificado la denuncia como temeraria y sin fundamento, y han anunciado acciones legales contra Arias por las posibles infracciones cometidas en perjuicio de los congresistas y de los partidos políticos. El Partido de La U, por ejemplo, ha defendido que los aportes recibidos fueron destinados para el funcionamiento del partido y no para campañas de congresistas, y que dichas donaciones promueven una competencia electoral activa, en estricto apego a los principios éticos de responsabilidad social y política, transparencia y rendición de cuentas. Con Infobae