viernes, mayo 17, 2024
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Por intervención del Gobierno a Sanitas y Nueva EPS, Procuraduría anunció que ejercerá vigilancia

La Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, comunicó que la entidad hará un riguroso seguimiento a la decisión del Gobierno y de la Superintendencia de Salud de asumir el control administrativo a las prestadoras de salud EPS Sanitas y Nueva EPS. Este seguimiento por parte de la Procuraduría tiene como finalidad asegurar la continuidad y calidad del servicio a los numerosos usuarios de estas EPS.

Además, a consecuencia de un reclamo hecho por Keralty, la compañía matriz de Sanitas, se está considerando la posibilidad de iniciar una investigación formal contra el actual Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, para esclarecer si su actuar estuvo apegado a la ley.

Durante una interacción con los medios, la máxima autoridad del Ministerio Público indicó que su equipo se encuentra en un proceso minucioso de revisión de las justificaciones proporcionadas por la Superintendencia de Salud para respaldar estas acciones, con el fin de determinar si dichas razones son adecuadamente válidas y equitativas para soportar una medida de gran impacto como es la intervención forzosa.

Además, mencionó que, derivado de una denuncia disciplinaria interpuesta por Keralty, la entidad propietaria de Sanitas, se está evaluando la conveniencia de iniciar un proceso investigativo disciplinario en contra del Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, debido a posibles discrepancias en las razones que justificaron la intervención.

Para concluir, la Procuradora declaró la instauración de una red a nivel nacional dentro del Ministerio Público, integrada por procuradores judiciales, personeros y trabajadores de la Defensoría del Pueblo. Este esfuerzo tiene como objetivo supervisar a lo largo y ancho del país que el manejo de los presupuestos, la logística y la calidad del servicio de salud ofrecido a los millones de afiliados de las EPS intervenidas se realice de manera adecuada.

De hecho, con respecto a Keralty, la corporación detrás de la EPS Sanitas, difundió una declaración en la que manifiesta su desacuerdo con la resolución adoptada por la Superintendencia de Salud. Según la empresa, la acción de intervención es “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminada”. En su defensa, Keralty argumentó que los problemas de viabilidad económica que enfrenta la EPS son, en buena medida, resultado de las acciones del Gobierno.

Además, señaló que por parte del Gobierno no se llevaron a cabo evaluaciones meticulosas en aspectos críticos como la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la concentración de riesgo por cada afiliado y la falta de reconocimiento de la deuda acumulada.

“Estas dificultades se comunicaron a tiempo en varios foros ante el Ministerio de Salud, la Adres y otras entidades, sin que se hallaran respuestas”, indicaron en el documento que hizo público Caracol Radio.

Por otro lado, en relación con el tema, en la tarde del miércoles 3 de abril, Gustavo Petro, presidente de la República, realizó un anuncio significativo sobre el sistema de salud en Colombia. La información fue publicada a través de su cuenta en X, y se produjo después de la intervención de dos Entidades Promotoras de Salud: Sanitas y Nueva EPS.

“En las EPS intervenidas habrá no solo un interventor sino una junta asesora configurada por representantes de las clínicas hospitales y proveedores a los que debe dineros la EPS y representantes de los pacientes. Al paciente debe restablecerse su derecho a elegir su médico(a) como opción preferencial y libre y complementariamente lo hará, la IPS de recepción Se invita a alcaldes y gobernadores a construir las redes regionales de clínicas, consultorios y hospitales con el ministerio de salud, ninguna IPS pública o privada acreditada, debe ser excluida”, dijo el jefe de Estado.

Y agregó que: “Adres construirá el sistema tarifario que sirva de base a las auditorías. Se invita a las EPS que cumplan requisitos a ser auditores de cuentas ajenas a su propia actividad. Las IPS tendrán un sistema de anticipo de pagos de acuerdo al grado de estabilidad laboral de sus trabajadores. No habrá despidos masivos de trabajadore[a]s de las EPS intervenidas. Todo(a)s los pacientes continúan con sus tratamientos y la atención continua sin problemas. Todas las EPS que cumplan los requisitos para mantenerse como aseguradores continuarán como hasta el día de hoy. El Gobierno asume su función constitucional de reordenador del sistema de salud”. Con Infobae

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