Mancuso todavía tendría una finca donde entrenaban paramilitares
La llegada de Salvatore Mancuso a Colombia, luego de 16 años, para cumplirle a la justicia nacional, entregando información concerniente al conflicto armado en el país, sigue generando todo un terremoto político y judicial.
Durante su primera audiencia ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en la que se le otorgó la libertad bajo prueba durante cuatro años, se notificó que el excomandante de las AUC entregó 476 bienes a la Fiscalía General de la Nación para el Fondo de Reparación de Víctimas, junto con $2.900 millones.
Según la defensa del exparamilitar, se entregaron casas valoradas en más de $25.000 millones y propiedades de hasta dos mil hectáreas.
Una de esas propiedades es la finca Mi Refugio, en Tierralta, Córdoba, que de acuerdo con la matrícula inmobiliaria, tiene 58 hectáreas y hace parte de la Hacienda Nueva Esperanza, que a finales de los 90 fue un centro de entrenamiento militar e ideológico de las AUC.
Pero una investigación del diario El Colombiano encontró que esa propiedad seguiría bajo el nombre de Mancuso, a pesar de que pesan sobre la misma medidas judiciales.
Tiene una orden de embargo penal del Tribunal Superior de Barranquilla desde el 17 de febrero de 2007. Además, tiene 15 anotaciones, 13 de ellas desde que arrancó el proceso de entrega de tierras a víctimas en Córdoba y Antioquia.
La finca fue entregada por el exlíder paramilitar en 2007, cuando se encontraba recluido en la cárcel de máxima de Itagüí, tres años después de que se hubiera desmovilizado. Como se encontraba negociando con la Fiscalía General de la Nación una rebaja de su pena, el ente investigador le pidió a sus abogados empezar con los trámites para entregar tierras, cambiando los títulos de los testaferros.
Uno de esos testaferros era un hombre llamado Pedro Ignacio Ghisays, un reconocido empresario de Córdoba, que tenía a su nombre desde 2005 la finca Mi Refugio y otras dos de nombres Tierragrata y La Esperanza. En la Notaría Tercera de Montería se hizo la transferencia de los títulos de esos predios a Mancuso, según encontró el medio mencionado.
En los registros de la matrícula aparece que la finca Mi Refugio fue adquirida originalmente como un terreno baldío por un hombre identificado como Rosemberg Guevara, en 2005, por medio del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora.
Otra versión aparece en las escrituras de la propiedad, en donde está consignado que Guevara le compró la tierra a dos campesinos de Montería por medio de un englobe de terreno de las otras propiedades, aunque no se especifica por cuál valor.
El caso es que seis meses después de haber adquirido el predio, el 5 de octubre de 2006, Guevara se lo vendió a Ghisays por $8.700 millones y dos años y medio después, el empresario le vendió la finca a Mancuso por $37.800 millones.
Después el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó su embargo y desde el 2022 tiene nuevas prohibiciones judiciales que prohíben comerciar con el predio. De todas maneras, Mi Refugio hace parte del programa de entrega de tierras del Gobierno y el ahora gestor de paz deberá hacer todo para que esa y otras propiedades lleguen a manos de las víctimas.
Las autoridades esperan que se recaude una buena cantidad de dinero con las propiedades entregadas por Mancuso, para entregar indemnizaciones a las personas afectadas por las actividades criminales y violentas de las AUC.
“A fin de que se adopten las decisiones que correspondan, para contar en el corto plazo, con conclusiones definitivas en materia de persecución de bienes respecto de los postulados mencionados y de la totalidad de exmilitantes de la mencionada organización criminal, que se repite no solo se presenta respecto de Salvatore Mancuso, sino en general de todos quienes fungieron como comandantes de las diferentes estructuras de las autodefensas”, dijo la jueza de la JEP en la audiencia de Mancuso. Con Infobae