Propuesta pretende eliminar los subsidios de combustibles a grandes consumidores
El Gobierno nacional anunció, a través del Ministerio de Hacienda, la supresión de los subsidios a los combustibles que se otorgaban a los grandes consumidores.
Según un proyecto de decreto que actualmente se somete a consulta pública, las empresas que consuman más de 20.000 galones al mes deberán ajustarse al precio de paridad internacional, es decir que pagarían por el galón de diésel unos $16.000.
La medida exime de este cambio a las empresas de generación de energía situadas en zonas no interconectadas y a los sistemas de transporte terrestre masivos de pasajeros. Este aspecto del decreto subraya la continuidad de políticas de soporte a sectores específicos mientras busca regular los costos energéticos para grandes entidades que superen el umbral establecido de consumo.
El borrador de decreto busca establecer un panorama más equitativo en el mercado de combustibles, eliminando los beneficios diferenciados que disfrutaban algunos consumidores industriales frente a otros participantes del mercado. De esta manera, el Ministerio de Hacienda pretende fomentar una mayor competitividad y transparencia en los precios del combustible, al mismo tiempo que se alinea con prácticas internacionales.
“Los recursos públicos destinados a garantizar menores precios de combustibles líquidos fósiles a los precios internacionales son altamente regresivos, pues benefician principalmente a las personas con mayores ingresos”, se indica en el borrador de decreto.
Así mismo, Camila Orbegozo, directora de Análisis Sectorial y Sostenibilidad de Investigaciones Económicas Corficolombiana, le manifestó a La República que: “El proyecto del Gobierno propone eliminar en su totalidad el subsidio que se da desde el Fepc, tanto en gasolina como en Acpm, para los grandes consumidores, entendidos como aquellos que adquieren combustibles para uso propio y exclusivo en sus actividades y que cuenta con instalaciones para recibir y almacenarlo”.
La nueva normativa que impactaría a 191 grandes consumidores de combustibles en sectores como el petrolero, minero, comercial, agrícola y de servicios, se encuentra en análisis generando preocupaciones entre expertos y representantes del sector. La medida implicaría un cambio sustancial en la distribución de combustibles, afectando especialmente a empresas que utilicen más de 20.000 galones mensuales.
Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, advierte sobre posibles efectos adversos, como la pérdida de eficiencia y el cumplimiento de los estándares técnicos por parte de los agentes implicados.
La reglamentación requeriría que estos grandes consumidores cumplan con requisitos significativos y realicen inversiones para ser autorizados como agentes de la cadena de distribución de combustible.
“Un agente muy importante que está asociado a los consumidores industriales, incluyendo el sector petrolero y minero, comerciales, agrícola, pecuario y de servicios que utilicen en promedio más de 20.000 galones mensuales para sus propias operaciones y deben cumplir con unos requisitos importantes y realizar inversiones para lograr ser autorizados como agentes de la cadena de distribución de combustibles”, le dijo Vera a La República.
El sector minero, entre otros, podría enfrentar aumentos en los costos operativos, siendo Drummond y Cerrejón mencionadas específicamente como dos de las compañías que podrían verse afectadas por poseer una amplia flota de vehículos a diésel. Sin embargo, la medida no se aplicaría a empresas generadoras de energía en Zonas No Interconectadas (ZNI) o a Sistemas de Transporte Terrestre Masivos de pasajeros.
La analista Orbegozo también señaló que esta nueva normativa podría resultar en una ganancia fiscal inmediata al reducir el número de consumidores subsidiados bajo el precio de referencia internacional. Por otro lado, la experta de Corficolombiana, indicó que el efecto inmediato sería un incremento en los costos operativos de las empresas.
Por su parte, Camilo Morales, especialista en energía, comentó que el aumento de los costos energéticos “llevaría a pérdida del factor de productividad” en industrias que no disponen de alternativas al combustible.
Finalmente, el texto del borrador menciona que los ministerios de Hacienda y Minas y Energía definirán el proceso para la determinación del precio de paridad internacional, esencial para el cálculo de ingresos de los productores dentro del sistema diferencial propuesto. La discusión de esta normativa sigue en curso, con análisis detallados para entender su alcance y consecuencias a corto y largo plazo para las industrias afectadas.
Los detalles específicos y los comentarios sobre este decreto aún están siendo evaluados, y se espera que la versión final sea publicada tras el proceso de consulta. Mientras tanto, el sector industrial y los grandes consumidores se preparan para enfrentar un ajuste en sus presupuestos operativos de combustible en concordancia con la nueva normativa que se avecina. Con Infobae