MinDefensa habría pagado $1.3 billones de más en contrato de vehículos militares
El Ministerio de Defensa tramitó un millonario contrato con una empresa canadiense para adquirir vehículos militares que, en primera instancia, le iban a costar al país unos 305 millones de dólares; sin embargo, habrían salido mucho más caros. El acuerdo con esa compañía norteamericana habría causado la salida de la secretaria general de la cartera, Ana María Garzón.
Dentro del convenio, conocido por la revista Semana, se evidencia que habría sobrecostos por más de 17 millones de dólares que, en pesos colombianos, equivaldrían a 1.3 billones de pesos, con los que el Gobierno nacional busca dotar a las Fuerzas Militares de nuevos medios de transporte.
En este se contemplaba que el Ministerio de Defensa compraría 55 vehículos blindados de la categoría LAV III 8×8. Para sellar el contrato, que estaba firmado por la exsecretaria Garzón, la cartera habría acordado que el anticipo para esa maquinaria se entregaría por partes, que sumado daba 66,8 millones de dólares.
Así las cosas, esa dependencia del Ejecutivo que dirige el ministro de Defensa, Iván Velásquez, giraría esa gruesa suma de dinero de la siguiente manera: 15,8 millones en 2023; 16,5 millones en 2024; 17,4 millones en 2025; 17 millones en 2026; 29,8 millones en 2027; 40,5 millones en 2028; 59,5 millones en 2029; 34,9 millones en 2030; 69,2 millones en 2031 y 4,3 millones en 2032, según el medio.
De ese contrato ya se había conocido información en febrero pasado cuando el MinDefensa anunció que invertirían $5.2 billones de pesos en los que, además, se iba a comprar un sistema de defensa antiaérea, una plataforma y una patrullera oceánica, que dotaría al Ejército y a la Fuerza Aérea de nuevos insumos.
“Para la Armada de Colombia, a través de un convenio interadministrativo suscrito entre esta fuerza y Cotecmar se construirá una plataforma estratégica de superficie, una patrullera oceánica y un buque de apoyo logístico por valor de $2.1 billones de pesos”, señaló MinDefensa hace unas semanas.
En ese momento, aseguraban que con esas millonarias adquisiciones no se buscaba fortalecer la “carrera armamentista”, sino que buscaban “reemplazar equipos obsoletos que tienen entre 40 y 60 años de uso y en algunos casos donados por gobiernos tras la guerra de Vietnam”, señaló la cartera.
Para determinar que se comprarían los citados vehículos para algunos de los componentes del ministerio, el Gobierno aclaró que investigaron durante cinco años la pertinencia de renovar esos artefactos. Así las cosas, luego de reuniones con los dirigentes de las Fuerzas Militare, finalmente “el Sistema Integral de Defensa Nacional aprobó la compra. De esta manera Colombia tendrá unas fuerzas más preparadas, modernas e interoperables adaptadas a las nuevas realidades en el contexto nacional y regional”, explicó el ministerio en un comunicado.
Sin embargo, en el informe de Semana se asegura que habrían ocurrido algunas anomalías en esta contratación, que se hizo bajo el sistema Incoterms DPU, donde se estipula que la empresa que provee esos implementos a Colombia pagaría el envío de los vehículos, el almacenaje, unos manuales de funcionamiento, entre otros aspectos. No obstante, eso no pasó y fue a la cartera a la que le tocó asumir esos costos.
Es allí donde habrían ocurrido las inconsistencias en el contrato debido que al Ministerio de Defensa le habría tocado pagar el transporte de la maquinaria, así como el almacenamiento, los ejercicios de funcionamiento de los vehículos, entre otros ítems que debía asumir la empresa de Canadá.
Entre esos y otros elementos que no pagó la compañía extranjera suman los 17 millones de dólares de más que tuvo que pagar el ministerio, lo que habría obligado a la secretaria general a abandonar su cargo tras ese presunto descache. Semana aseguró que los altos mandos del Ejército, así como el viceministro de Estrategia y Planeación, el general (r) Ricardo Díaz, se habrían molestado tras esas revelaciones.
Infobae Colombia conoció que, en las próximas horas, el MinDefensa dará explicaciones al respecto y explicará por qué el país tuvo que sacar de su erario público para pagar por algo que no les correspondía. Con Infobae