Congreso de Perú declaró persona no grata al presidente Gustavo Petro
La plenaria del Congreso peruano declaró persona no grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en rechazo a sus declaraciones sobre la Policía Nacional de Perú y y pidió a las autoridades que garanticen que el mandatario «no ingrese al territorio nacional».
La decisión, que registró 72 votos a favor, 29 en contra y 7 abstenciones, se basa en una moción aprobada el martes por la Comisión de Relaciones Exteriores. La declaratoria se produjo en represalia a comentarios de Petro sobre la represión que vive el Perú desde la destitución y encarcelamiento del exmandatario Pedro Castillo.
En el texto de la moción se subraya que hubo una ofensa a la Policía Nacional por parte del mandatario colombiano y se pide a la Cancillería que se asegure de prohibir su entrada en el territorio peruano. También se censuran las palabras de Petro como «banalización del holocausto, en grave perjuicio del pueblo judío».
Las declaraciones que dieron pie a la moción fueron hechas por el mandatario colombiano en una reunión con embajadores el viernes de la semana anterior, cuando dijo que «en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos».
El mandatario aludió veladamente a la policía peruana, que un día antes protagonizó un amplio despliegue contra una manifestación por el centro de Lima en la que se rechazó el Gobierno «transitorio» de Dina Boluarte.
Petro agregó que la Convención Americana de Derechos Humanos «no se aplica solo a gobiernos de izquierda».
«Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los Gobiernos y esa es nuestra postura», dijo el mandatario colombiano.
El 28 de diciembre, el Congreso de Perú aprobó una moción para rechazar los «constantes e inaceptables» comentarios y posicionamientos de Petro y del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Según el Congreso peruano –órgano fuertemente cuestionado por la ciudadanía peruana, que reclama en las calles por su disolución–, tanto Petro como López Obrador se entrometen en «asuntos internos» del país andino.
Asimismo, el Congreso de Perú declaró el pasado 26 de enero persona no grata al expresidente de Bolivia Evo Morales por sus «constantes incitaciones en la política nacional que buscan desequilibrar el orden interno del país, en especial la zona sur».
Desde diciembre pasado, las multitudinarias protestas en Perú han terminado en enfrentamientos entre las autoridades y los inconformes que han dejado un saldo de 60 muertos y casi 2.000 heridos, en medio de denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
Las manifestaciones piden la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso, elecciones anticipadas, reformas a la Constitución y la liberación de Castillo, quien fue destituido por el Legislativo el pasado 7 de diciembre.
Congreso peruano también aprueba acusar a Pedro Castillo por corrupción
De otro lado, el Congreso de Perú aprobó este viernes el informe final de una denuncia constitucional que recomienda a la Fiscalía acusar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por presuntamente encabezar una organización criminal durante su Gobierno para obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, el hemiciclo dio luz verde al informe final de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación (general) contra el exmandatario, quien cumple 18 meses de prisión preventiva tras su fallido autogolpe, por lo que, ahora, el Ministerio Público deberá presentar una acusación formal ante el Poder Judicial.
El documento recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
En otras dos votaciones, el pleno del Parlamento también aprobó acusar por el mismo caso a los exministros de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción Civil y Saneamiento, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el pasado 10 de febrero dicho informe, tras la denuncia constitucional presentada en noviembre pasado por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el exmandatario y sus exministros.
Durante su intervención virtual, el abogado del expresidente, Eduardo Pachas, solicitó sin éxito que Castillo pueda ejercer su derecho a la defensa de manera presencial ante el pleno y calificó de «absurda» la acusación, insistiendo en que el Congreso no observó los decretos cuestionados y dio la confianza a los gabinetes que tuvieron a los exministros imputados, por lo que pidió el archivo de la denuncia.
Durante el debate, que se extendió por unas cuatro horas, tomaron la palabra decenas de los 130 congresistas que integran la cámara peruana, que lucía prácticamente vacía.
Pedro Castillo cumple una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva dictada tras su intento fallido de golpe de Estado, que llevó al Congreso a destituirlo el 7 de diciembre pasado por «permanente incapacidad moral» y designar en su reemplazo por sucesión constitucional a su vicepresidenta, Dina Boluarte. (Información RT y DW).