jueves, mayo 30, 2024
Política

Contralor General pide a Petro rigor técnico al asumir regulación de servicios públicos

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió que las medidas del presidente Gustavo Petro de intervenir las Comisiones de Regulación deben ajustarse a principios o criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia, definidos por la Ley de Servicios Públicos.

El jefe del organismo de control fiscal indicó que “si bien el Señor Presidente puede asumir directamente las funciones de las Comisiones de Regulación de Energía (CREG) y la de Agua (CRA), conviene señalar, que estas se encuentran conformadas mayoritariamente por funcionarios del Gobierno».

No obstante, agregó, se recomienda que la intervención se realice de manera técnica y mire las necesidades reales de los usuarios y en todo caso, respetando las leyes de libre mercado en los términos del artículo 333 de la Constitución Política y la regulación de monopolios”.

Al efecto, el Contralor le pidió a Empresas Públicas de Medellín, EPM, «que es una empresa pública y uno de los principales actores del sector energético, que le de garantías al país de que «no va a abusar de su posición dominante tanto en generación como en comercialización, y que no se justifique así la intervención que plantea Gobierno”.

Las precisiones las hizo Rodríguez Becerra en la visita que realizó este martes a la central Hidroituango, llamando también la atención sobre la prudencia y el rigor técnico con el que deben asumirse la transición energética y los análisis de las medidas que se tomen sobre el sector minero energético.

Adicionalmente, recomendó que la intervención a las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos se realice de manera técnica, mirando las necesidades reales de los usuarios y respetando las leyes de libre mercado.

Recordó el Contralor General que en Colombia y el mundo la transición energética es una política pública en curso, razón por la cual es necesario hacer un seguimiento permanente de sus resultados en reducción de gases efecto invernadero y al impacto en todos los sectores económicos, pero también en las finanzas estatales.

Mencionó luego varias cifras que dan cuenta de la importancia del sector minero energético:

Este sector representó en 2022 el 56,1% de las exportaciones y aportó en el último bienio $33 billones en regalías a las regiones; recursos que se destinaron a proveer agua potable, salud, educación y alcantarillado.

Además, genera alrededor de 90.000 empleos anuales, demanda bienes y servicios locales del orden de $11 billones anuales y destina $453.000 millones a inversión social, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las personas. Por su parte, Ecopetrol contribuye con cerca del 4% de los ingresos del Gobierno Nacional y para 2023 se estima que esta empresa entregará cerca de $52 billones en regalías, impuestos y dividendos.

“Es claro que Colombia tiene aún una gran dependencia de los recursos generados en el sector minero energético, por lo cual desde la Contraloría General de la República llamo la atención sobre la prudencia y el rigor técnico con el que se deben asumir el debate y los análisis de las medidas que se tomen sobre este importante sector de la economía”, subrayó.

Según el Contralor, “Para el uso de energías más limpias, Colombia debe hacer su tránsito de manera gradual y segura, con los objetivos claros y firmes, definiendo estrategias viables de mediano y largo plazo, no sólo por las exigencias y compromisos a nivel mundial en materia medioambiental, sino también por el agotamiento de nuestra producción interna”.

El Contralor General señaló luego que año a año el país agrega aproximadamente la misma cantidad de reservas de petróleo de lo que está produciendo anualmente, con un efecto neto de tener constantemente la misma relación reservas / producción, que en promedio ha sido de 6,4 años para los últimos 10 años.

“Adicionar las reservas denominadas probables y posibles, cuyas probabilidades son de 50% y 10%, sería una imprecisión ya que estas determinan escenarios cuya materialización dependen de continuar las inversiones en exploración y explotación”, advirtió enseguida.

En su concepto, las reservas de hidrocarburos deben ser suficientes para cubrir el proceso de transición energética, de tal manera que no se ponga en riesgo la confiabilidad en el abastecimiento de energía, la soberanía energética y en general la economía del país.

“Por otra parte, se debe tener en cuenta que recursos como el GLP y el gas natural (con reservas suficientes para 8 años), son energéticos que pueden servir de puente para la transición energética; al sustituir fuentes más contaminantes. El gas licuado de petróleo -GLP-, por ejemplo, evitar la quema de leña y por su facilidad de transporte a zonas rurales y apartadas del territorio nacional, beneficia la salud y el medio ambiente”, sostuvo también.

Y consideró que la actividad minera también puede tener espacio en la transición con minerales como el litio, grafito y cobalto, que incrementarán su demanda cerca de un 500% al 2.050, y otros como el cobre y el aluminio, que presentarán un aumento en su demanda de aproximadamente un 35% al 2.040. “Colombia debería aprovechar el potencial minero en la extracción de minerales como el cobre y níquel e incentivar la exploración de minerales estratégicos”, recalcó.

El Contralor General de la República se refirió a la emergencia invernal y el desabastecimiento energético que padecen los departamentos de Nariño y Cauca y dijo que la Contraloría valora los esfuerzos adelantados por el Gobierno y realizará seguimiento a esta contingencia, dado que en la medida que la soluciones se alarguen, los gastos adicionales pueden llegar a ser considerables y también aumentar el descontento de las comunidades.

Rodríguez Becerra resaltó el proyecto Hidroituango y advirtió que es un activo estratégico para garantizar la oferta energética presente y futura del país y que por esta razón se hace indispensable mantener el especial seguimiento y los acompañamientos que la CGR ha venido realizado desde marzo de 2022, para velar por la adecuada inversión de los recursos recuperados con el fallo de responsabilidad fiscal por $4,33 billones y para contribuir a minimizar riesgos (ambientales, sociales, sectoriales, técnicos y financieros), asociados a este proyecto.

“Hoy en este gran proyecto, vital para el presente y futuro energético, aprovecho para advertir que Colombia debe asegurar unas reservas probadas de petróleo suficientes para emprender una transición energética segura.

Asimismo, estimó urgente que se tenga en cuenta la previsión por parte de las instituciones de facilitar la entrada de nueva oferta de energía tanto de generación, como de activos de transmisión de energía, frente a un fenómeno del niño prolongado previsto para el cuarto trimestre de 2023.

“Hoy hay una imperiosa necesidad de agilizar la construcción de las líneas Colectora-Cuestecitas y Copey-Cuestecitas, en La Guajira y El Cesar; activos que permitirían la entrada de 9 proyectos eólicos y solares, que aportan 1.577 mega vatios (MW) de oferta de electricidad y con ello mejorarían la seguridad energética”, resaltó. En este sentido, hizo un llamado para que se agilicen estos proyectos, a fin de no colocar en riesgo la seguridad energética del país.

En el marco de la conmemoración de los 100 de creación de la Contraloría General de la República, el próximo mes de marzo se realizará un foro sobre la transición energética que necesita Colombia, espacio plural y académico para el perfeccionamiento de las políticas públicas que adelanta el país. Con RSF

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