Clan del Golfo manda en los Montes de María, dice Defensoría del Pueblo

El martes 13 de diciembre, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por la consolidación del Clan del Golfo en la subregión de los Montes de María, ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar y consta de 16 municipios. Según el defensor, Carlos Camargo, los integrantes de este grupo armado “resuelven conflictos de la comunidad, imponen sanciones o financian proyectos, usurpando funciones del Estado”.

La alerta temprana estructural 033 expone el peligro que viven los habitantes de los municipios de El Carmen de Bolívar, María La Baja, San Jacinto, Zambrano, San Juan Nepomuceno, Córdoba y El Guamo, en Bolívar. Así mismo, en San Onofre, Morroa, Ovejas, Los Palmitos, San Antonio de Palmito, Toluviejo, Chalán, Colosó y Sincelejo, en Sucre.

La subregión es de alto interés para los grupos armados porque facilita el desarrollo de economías ilegales. Por su geografía montañosa, esta ruta permite el abastecimiento y ocultamiento de los miembros del Clan del Golfo.

Además, por sus salidas al mar y su cercanía con vías como la Troncal de Occidente, la Troncal del Caribe y la Transversal de Contenedores, se conecta rápidamente con capitales del Caribe como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Montería y Sincelejo. Gracias a esta ubicación, los Montes de María son una bisagra para la actividad ilegal de envergadura nacional e internacional en el sur de los departamentos de Bolívar y Córdoba.

Según la Defensoría del Pueblo, en los primeros nueve meses de este 2022 fueron reportados 134 homicidios en los Montes de María. Además, se ejerció violencia contra lideresas sociales e indígenas del pueblo zenú.

Camargo explicó que hubo un aumento de amenazas contra la vida e integridad de estas personas a través de intimidaciones —panfletos, llamadas telefónicas y mensajes de texto—, desplazamiento forzado, violencia sexual e intervención en espacios comunales, así como reclutamiento de jóvenes, niños, niñas y adolescentes. Esta violencia se ejerce directamente o con la mediación de bandas delincuenciales, con lo cual se pierde el rastro de la comunidad que dio la orden.

Asimismo, las también conocidas como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se han tomado la atribución de citar a las juntas de acción comunal de los pueblos para validar su presencia e imponer normas. “Hemos encontrado que las AGC buscan imponer su dominio sobre los liderazgos sociales, comunitarios, comunales, juveniles y personas defensoras de derechos humanos”, dijo Camargo.

“Enviamos 27 recomendaciones a distintas autoridades civiles y a la fuerza pública, para que se proteja a los habitantes de esta importante región del país. Solicitamos que haya coordinación entre las entidades para una respuesta rápida; que la fuerza pública realice una labor de disuasión, control y mitigación del contexto de amenaza con enfoque de seguridad integral y protección de las comunidades; así como un trabajo de prevención y protección, de fortalecimiento institucional y comunitario, y mayor presencia estatal a través de proyectos de desarrollo social”, aseguró el Defensor del Pueblo.

Presencia del ELN en más de 200 municipios de Colombia

Este viernes 9 de diciembre, la Defensoría del Pueblo presentó un mapa nacional de riesgo sobre la presencia de la guerrilla en el país, en el documento se observan las zonas de mayor influencia de este grupo armado ilegal.

El mapa nacional de riesgos también detalla que este grupo armado tiene presencia, hace tránsito o intermitencia en 212 municipios de 22 departamentos del país, principalmente, en Norte de Santander, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Otras regiones con una presencia importante del ELN son: Tolima, Risaralda, Caldas, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre, La Guajira, Boyacá, Casanare, Vichada y Guainía, además de Cundinamarca y Bogotá.

Durante la presentación del mapa, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, afirmó que:

“En el arranque de la mesa de diálogo con la guerrilla del ELN, desde la Defensoría del Pueblo le solicitamos a este grupo armado ilegal que frene las acciones que generan confinamientos o desplazamiento de comunidades, retenciones, homicidios selectivos o reclutamiento de menores de edad, entre otras vulneraciones en contra de las comunidades”, recalcó Camargo. Con Infobae

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