Dos coroneles de la Policía investigados por seguimientos ilegales
La Procuraduría General de la Nación informó que profirió pliego de cargos contra el exjefe del Área de Contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia Policial, coronel (r) Carlos Alberto Martínez Rodríguez (2019 – 2020), por la presunta construcción de productos de inteligencia y contrainteligencia con falsedad ideológica y descontextualización de la información recolectada, de acuerdo con la información brindada por el ente investigador.
El Ministerio Público señaló además que Carlos Alberto Martínez Rodríguez habría omitido la solicitud de trabajo para recolectar, analizar y divulgar información de contrainteligencia del oficial a quien estaba investigando ilegalmente y a quien acusó de relacionarse con personas vinculadas a actividades irregulares en San Victorino, en la ciudad de Bogotá.
Este uniformado inició entonces una investigación de manera irregular al sospechar de las relaciones de un oficial con personas que obtenían dinero de manera ilegal en este importante sector comercial de la ciudad capital. El exjefe del área de contrainteligencia usó y abusó del poder y conocimiento que le profería la institución y se saltó todos los protocolos que se debían seguir antes de emprender una investigación de este tipo.
En este sentido, la Entidad indicó que, al parecer, el funcionario presentó al director de Inteligencia Policial, brigadier general Jesús Alejandro Barrera Peña, un informe con el supuesto incremento patrimonial del coronel, y exigido dádivas a uno de los individuos identificados en sus interceptaciones.
El coronel no actuaba solo, puesto que el ente de control también formuló cargos al jefe del Grupo de Verificaciones Internas, teniente coronel (r) Carlos Antonio Ardila Rocha (2019), por presuntamente efectuar actividades de inteligencia y recolección de información, sin disponer de una misión de trabajo. Los hombres emprendieron una misión extra oficial, lo cual le confiere un carácter ilegal y sospechoso sobre los intereses particulares que pudieran tener estos uniformados sobre el oficial en cuestión que estaba siendo investigado.
Así las cosas, la Procuraduría adujo que, con su comportamiento, “los servidores posiblemente se sustrajeron del interés público sobre el que se estructuran el cargo y las funciones que desempeñaban, e incurrieron en una conducta contraria abiertamente antijurídica, que por su naturaleza sustancial afectó sus deberes”.
Finalmente, y conociendo a fondo la investigación y el accionar de estos dos coroneles retirados de la Policía Nacional, la Procuraduría calificó provisionalmente las conductas de los oficiales como falta grave a título de dolo, en el caso de Alberto Martínez Rodríguez, y como falta grave a título de culpa gravísima en el de Carlos Antonio Ardila Rocha. Con Infobae