Gustavo Petro defiende la pérdida de poderes de la Procuraduría
A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter en la mañana de este viernes 18 de noviembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió la sección de la reforma política que retiraría poderes a la Procuraduría General de la Nación para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. Esta decisión ha sido percibida como un mico de este articulado, pero el mandatario parece determinado a no ceder.
Si prospera la iniciativa radicada por el representante por Bogotá, Heráclito Landinez, se cambiaría el artículo 40 de la Constitución para que solo un juez de la república pueda limitar los derechos políticos de funcionarios elegidos democráticamente. Esto incluye a alcaldes, gobernadores, congresistas, cabildantes y el propio presidente de la República.
“Con excepción de la sanción de pérdida de investidura, las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente en proceso penal”, dice el borrador del artículo.
De acuerdo con información de El Tiempo, la modificación del artículo se da para “armonizar la Constitución Política con el ordenamiento internacional en materia de Derechos Humanos y acatar las sentencias de la Corte Internacional en materia de derechos políticos”. El antecedente para esta decisión fue la sanción de destitución de Petro como alcalde de Bogotá, ordenada por el entonces procurador Alejandro Ordóñez tras el escándalo del modelo de recolección de basuras. Tras la famosa ‘sentencia Petro’ de la Corte IDH, Petro recuperó su cargo y ha pedido desde entonces que el Ministerio Público pierda esta potestad.
En septiembre pasado, cuando se discutió la reforma política en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Congreso de la República, 14 parlamentarios votaron para eliminar ese apartado. Para ellos, el actuar de la Procuraduría General de la Nación es indispensable en la lucha contra la corrupción, así como para garantizar que los funcionarios públicos cumplan su deber. No obstante, la iniciativa resucitó y ahora está nuevamente en discusión.
El mandatario respondió este viernes, específicamente, a unas declaraciones del senador Alejandro Chacón para la emisora W Radio. Según el congresista afiliado al Partido Liberal, el hecho de haber sido elegidos popularmente no diferencia a estos servidores públicos del resto de ciudadanos. Además, para él, es imposible poner en práctica todas las disposiciones de la justicia internacional en el país. Puso como ejemplo la facultad de la Corte Suprema de Justicia para imponer medidas preventivas de aseguramiento a funcionarios, ya que solo podrían ordenar una captura a un servidor condenado.
Finalmente, Chacón aseguró que la pretensión de Petro para corregir el código disciplinario y quitarle a la Procuraduría la capacidad de sancionar a funcionarios elegidos —la cual, a propósito, es el primer artículo de la reforma política— es un movimiento revanchista de él contra el Ministerio Público. “Es injusto que un funcionario cualquiera, un secretario de despacho, pueda ser sancionado, pero que nosotros, por haber sido elegidos por voto popular, terminemos no sancionados y que el Estado pierda la facultad de sancionarnos”, dijo Chacón a la estación radial.
Petro respondió a este comentario de Chacón con un recordatorio de los derechos políticos y quién puede removerlos. “Ningún ciudadano o ciudadana puede ser menoscabado en sus derechos políticos por autoridad que no sea juez de la República. Los derechos políticos son: elegir y ser elegido y participar en el Estado en pie de igualdad a los demás”, escribió el presidente. Con Infobae