domingo, mayo 26, 2024
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Fiscalía avanza en investigación contra la corrupción en San Andrés y Cesar

En visita al archipiélago de San Andrés, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en compañía de la Vicefiscal General, Martha Janeth Mancera; la Delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Obando Guerrero; y la directora Seccional, Tatiana Angulo Meléndez, hizo una revisión de las acciones realizadas por la entidad contra la corrupción.

En algo más de dos años y medio se han abierto investigaciones estructurales contra servidores públicos y particulares que han puesto en riesgo los recursos destinados a subsanar las necesidades básicas de la ciudadanía, tanto en San Andrés como en Cesar. Estos procesos han estado a cargo de la Unidad de Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, la Dirección Especializada contra la Corrupción y la delegada para la Seguridad Territorial.

Acción investigativa en Cesar

Las acciones investigativas definidas en Cesar han permitido vincular a 87 personas por posibles hechos de corrupción, durante el 2022.

Entre los procesados están dos alcaldes y cinco exalcaldes de diferentes municipios de este departamento. Asimismo, son investigados cinco fiscales, tres concejales, 24 funcionarios, 11 contratistas, 24 particulares, y nueve integrantes de Policía Nacional, la Armada Nacional y el Ejército Nacional.

La lupa de la Fiscalía en San Andrés

En el Archipiélago, la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra de tres exfuncionarios de la Gobernación, un contratista y 1 interventor, por presuntas irregularidades en la construcción del parque recreo deportivo ‘Tropical Park’ en San Andrés Islas, cuyo valor inicial ascendió a 12.241 millones de pesos. Estas personas deberán responder en juicio por delitos como: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento privado.

Además, la Fiscalía imputó a tres exfuncionarios y a un contratista por la supuesta apropiación ilegal de 923 millones de pesos destinados a un programa de Telemedicina. Las evidencias demostrarían que las citas médicas por internet tuvieron sobrecostos.

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