Procuraduría solicita al alcalde Mello Castro evitar invasión de la urbanización Porvenir

Tras hechos de alteración del orden público, la Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de Valledupar (Cesar), Mello Castro González, y a la gerente del Fondo de Vivienda e Interés Social y urbana de la ciudad, hacer efectivo lo ordenado en la Sentencia T-946 del 16 de diciembre de 2011, que concedió el derecho a la vivienda digna a cerca de 800 familias desplazadas que se encontraban asentadas en un predio privado.

La Procuraduría Provincial de Valledupar fue informada que un grupo de personas, presuntamente armadas, estaban haciendo presencia en el sector delimitado para la población desplazada con la intención de tomar posesión de las casas que aún no están habitadas, por lo que se instó a las autoridades locales a hacer efectivo el beneficio concedido en la totalidad de las casas a las personas debidamente identificadas y censadas con anterioridad.

El Ministerio Público conoció que cerca de 1.600 niños y 1.400 adultos que habitaban la sabana 1 desde el año 2008 interpusieron una tutela contra la administración municipal, el departamento del Cesar y Acción Social por la ausencia de soluciones a sus problemáticas de domicilio.

Por lo tanto, la Corte Constitucional decidió a favor de los accionantes concediendo el derecho fundamental a una vivienda digna con permanencia en el predio; por lo que, posteriormente se construyó la urbanización El Porvenir con 758 habitacionales, de las cuales se han establecido 113 familias beneficiarias a la fecha.