Richard Aguilar no aceptó cargos por corrupción durante su administración
Richard Aguilar, exgobernador de Santander, no aceptó los cargos que se le imputan por presunta corrupción. Ante la Corte Suprema de Justicia, el acusado negó tener nexos con las irregularidades que se cometieron durante su mandato, entre 2011 y 2015. En las audiencias que se adelantaron recientemente, la Fiscalía destacó que tiene las pruebas para comprobar los comportamientos ilícitos del detenido, entre esos, la suscripción de por lo menos seis contratos que no completaban los requisitos suficientes para su continuación. De acuerdo con el ente acusador, el contratista elegido no cumplía con la experiencia para cumplir los objetivos asignados.
La Fiscalía General de la Nación destaca que además de lo mencionado, se llegó a certificar que algunos de los proyectos, por el otro lado, sí cumplían con los requisitos pero no concordaban con lo establecidos por el sistema general de regalías o con la articulación del Plan de Desarrollo departamental, en otras palabras, tenían “deficiencias que buscaban ocultar por los funcionarios de la gobernación”. Algunos de los contratos por los que se le acusa a Aguilar de corrupción son el refuerzo del estadio de fútbol y del Coliseo Vicente Días Romero; Unidad deportiva o estadio Alfonso López; el mejoramiento del corredor Agroforestal y Energético, y la contratación de alimentación escolar (PAE).
“Se hace precisamente una puntualización de los contratos. Del bloque de contratos que concretaron el acuerdo ilegal para direccional la contratación, que son seis contratos en total, cuatro de ellos que se adjudicaron, como el del PAE, y dos de ellos por los que se acusa de interés indebido que no se lograron adjudicar, pero que se direccionaron”, destaca la Fiscalía sobre el caso.
De acuerdo con la Fiscalía, durante la administración de Aguilar en Santander, se “habría constituido una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos y familiares”. El negocio consistía en dar aquellas adjudicaciones a cambio de la devolución del 10% de cada obra. Según se expone en el caso, las irregularidades de las adjudicaciones habrían dejado unos 500.000 millones de pesos en contratos.
“Tiene la obligación de darme los elementos para mirar y no es responsabilidad mía conseguir un programa para abrirlo, ni más faltaba que la Fiscalía pueda usar cualquier programa y yo tenga que comprarlo, ese argumento es sacado de toda la lógica y la procesabilidad”, señaló Iván Cancino, entonces abogado defensor del exgobernador, en la audiencia del pasado 7 de junio, al explicar que, supuestamente, las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación estaban comprimidas en un software de difícil acceso, lo que le había impedido verlas de manera apropiada.
En la más reciente audiencia, se comunicó del cambio de abogado defensor luego de que Iván Cancino renunciara a sus labores en este caso. En su reemplazo entró Sócrates Saavedra. Este encuentro se desarrolló debido al aplazamiento que se anunció a principios de junio, precisamente, por los alegatos de Cancino de no poder proceder de manera correcta por no tener el material necesario. “De la prueba propia con la determinación que usted acaba de tomar, procederemos a la recopilación de la misma, así que en este momento, prueba documental o digital o periciales, la defensa no lo tiene, porque como están en el informe que le hicimos pasar, estamos en verificación, y recopilación de la prueba de la Fiscalía”, dijo Cancino.
Es importante recordar que el exmandatario del departamento fue capturado el 28 de julio de 2021. A su nombre recaen los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Para el momento, Aguilar se encuentra actualmente privado de su libertad en el Batallón N.º 13 de Bogotá, el mismo lugar en el que se encuentra detenido su papá, también exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, condenado por parapolítica. Con Infobae