El Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de libertad al gobernador del Chocó
La investigación que pesa en contra del primer mandatario del Chocó corresponde a la celebración de la contratación de una serie de artículos que suplirían las necesidades sociales surgidas por la emergencia generada por la pandermia del Covid 19. Desde mediados del mes de marzo una magistrada del Tribunal Superior de bogotá ordenó medida de aseguramiento en el lugar de residencia del gobernador del Chocó de manera preventiva, mientras se resuelve la investigación que lo implica.
En días pasados, la defensa Ariel Palacios presentó una solicitud para que el investigado sea dejado en libertad, argumentando que no existen sentencias condenatorias y que la investigación puede seguir su curso con el gobernador gozando de libertad. Sin embargo, el Tribunal sostiene que la medida cautelar debe respetarse entendiendo que se encuentra retenido de manera preventiva y porque persiste el riesgo de una obstrucción a la justicia y considerando el peligro que podría representar para la comunidad.
De esta manera se mantiene en firme la medida de aseguramiento contra el gobernador, mientras el magistrado encargado del caso señaló: “el que no tenga sentencias condenatorias como lo trae la nueva evidencia de la defensa no desvirtúa que estén vigentes esos procesos, en los que se presume inocente pero hay investigaciones por la justicia por hechos similares”.
El magistrado también indicó que: “Ninguna de las evidencias allegadas por la defensa tiene la entidad de constituir razonamientos suficientes que lleven a este juez de garantías, a inferir que Ariel Palacios Calderón no sea autor del delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales esenciales”.
Los hechos de corrupción por los que es investigado el gobernador.
Durante la crisis generada por la pandemia del Covid 19 el gobernador declaró la urgencia en el departamento del Chocó. De esta manera fue que Ariel Palacios tuvo la oportunidad de disponer de recursos para cubrir los programas de salud pública que fueron necesarios durante la crisis presentada durante el año 2020. Mediante el decreto 0081 del 20 de marzo de 2020 fue que Palacios decretó la emergencia en el departamento.
Fue así como luego, en el mes de abril, celebró de manera directa el contrato con el que se daría disposición a la compra y adquisición de elementos de bioseguridad y para cubrir los programas de salud pública en medio del inicio de la pandemia. El contrato en mención es el 003 del 3 de abril de 2020 con el que se comprometía un total de $220′375.148 de los recursos públicos de la gobernación.
Según la Fiscalía General de la Nación, quien procede en la investigación en curso, se descubrió que durante la celebración de esta contratación hubo ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos, así como presuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista.
En medio de la investigación se comprobó por los investigadores que el gobernador no remitió ante la Contraloría General de la República el decreto con el que el mandatario le dio urgencia manifiesta, ni se presentaron los soportes del proceso de contratación directa como lo establece la normativa.
Mientras se resuelve la responsabilidad del gobernador Ariel Palacios en estos hechos no puede ejercer en función del cargo para el que fue electo. Ante esto, es válido precisar que la gobernación del Chocó está próxima a cumplir 3 meses sin mandatario que ocupe el cargo, pues Palacios, fue ordenado con la medida de detención domiciliaria desde el pasado mes de marzo. Con Infobae