En Chocó adjudicaron más de 190 contratos en plena ley de garantías
Más de 190 contratos estatales adjudicaron de manera directa se suscribieron en el departamento del Chocó después de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, según una investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación.
Las operaciones ilegales se pusieron en evidencia en visitas de carácter preventivo que realizó el ministerio público a la gobernación de ese departamento, y a la Alcaldía de Quibdó para verificar el cumplimiento de la citada ley.
En la visita realizada a la alcaldía de la capital chocoana se encontraron 90 contratos de prestación de servicios y contratos de arrendamiento, que en su mayoría no contaban con la firma del contratista a 3 de febrero del 2022, y algunos de ellos “tampoco habían sido gestionados o publicados en el SECOP II, pese a que tenían fecha del 4,11,17 y 24 de enero de 2022”.
Los contratos que al momento de la visita no estaban suscritos por ambas partes fueron solicitados nuevamente por el ente de control el 9 de febrero del presente año y al ser entregados “ya contaban con la firma de las partes, es decir, al parecer fueron firmados después del día 28 de enero de 2022”, tras la entrada en vigor de la Ley de Garantías.
Como resultado de la acción preventiva en este ente territorial también se evidenciaron hechos presuntamente irregulares en 100 contratos de prestación de servicios que, al parecer, habrían sido suscritos en plena Ley de Garantías.
Según la gobernación del departamento a estos convenios se les aplicó el protocolo transitorio emitido por Colombia Compra Eficiente, por la contingencia suscitada por la indisponibilidad de la plataforma SECOP II. “No obstante, los contratos en físico habrían sido firmados por parte del gobernador del departamento después del primero de febrero del año en curso, pese a que en algunos aparece la fecha de suscripción el 28 de enero 2022”.
La Procuraduría Regional de Chocó remitió a la delegada con funciones de instrucción disciplinaria las actas, informes y la documentación recaudada dentro de esta acción preventiva para que se adopten las decisiones correspondientes.
También compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de ese departamento para que estas entidades estudien la viabilidad de iniciar una investigación, tanto a los servidores públicos como a los particulares (contratistas), si así lo estima procedente. Con RSF