Solicitarán cárcel para directivos de fundación señalados de abuso sexual
La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará medida de aseguramiento intramural para Rosa Virgina Laguna Lamilla, Rober Emilio Fernández Tovar,- esposos entre sí-, y Lenín José Fernández Tovar, señalados de cometer abusos sexuales contra una menor de edad a su cargo en la Fundación para el Desarrollo de la Infancia, la Adolescencia y la Juventud.
La audiencia está programada para este 16 de noviembre en el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, donde igualmente se desarrolló el procedimiento de legalización de captura e imputación de cargos por los delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo con acto sexual violento en concurso homogéneo sucesivo, que no fueron aceptados por los indiciados.
Sin embargo, la representante de la Fiscalía para este caso, expresó que el ente acusador cuenta con suficientes materiales probatorios para demostrar la responsabilidad de los procesados, quienes en el caso de los esposos presuntamente sometieron a una menor de edad de 16 años que tenían a su cargo en la fundación, a vejámenes sexuales en contra de su voluntad.
En este sentido el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, señaló que al conocer el hecho, iniciaron las investigaciones en conjunto con un equipo interdisciplinario de la Fiscalía, realizando evaluaciones en la fundación donde identificaron que los procesados generaban temor generalizado entre los menores de edad; también evidenciaron tratos desobligantes y castigos desproporcionados «que configuran situaciones de violencia contra ellos».
Igualmente el ICBF destacó que estos resultados dieron origen al allanamiento de la institución y las respectivas investigaciones contra los presuntos responsables por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Entre tanto, los 70 niños que atendían fueron reubicados en otras instituciones, donde recibirán la atención requerida para cada caso, de tal manera que puedan continuar con los procesos para el restablecimiento de derechos, y se inició el debido proceso sancionatorio para revisar si hay lugar a la cancelación de la personería jurídica de la fundación y el cierre definitivo del lugar, puntualizó el ICBF.