viernes, marzo 29, 2024
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JEP le pidió a la Fiscalía el expediente del general Mario Montoya por falsos positivos

Aunque el fiscal Francisco Barbosa aseguró que no había conflicto de competencias con la Jurisdicción Especial para la Paz en la imputación que adelantaba contra el general retirado del Ejército, Mario Montoya Uribe, la Sala de Reconocimiento de Verdad no habría logrado acceder al expediente del ente acusador.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia consideró que el órgano investigador había culminado la etapa de indagación en contra de Montoya, quien fue comandante general del Ejército entre 2006 y 2008, por su presunta responsabilidad en ejecuciones ilegítimas que fueron presentadas como bajas en combate, conocidos como “falsos positivos”.

Al concluir esa etapa, el fiscal procedió, como es el orden del proceso en la justicia ordinaria, a realizar imputación de cargos en contra de Montoya Uribe y citó audiencia, lo que lo convertiría en el más alto mando militar en juicio por ese caso.

Según comunicó la Fiscalía, el funcionario procedió con “fundamentado en el reconocimiento de la competencia preferente y prevalente de la JEP sobre los mismos; pero también complementaria, simultánea y concurrente con la propia a cargo de la Fiscalía General de la Nación, mientras aquella avoca el conocimiento especifico del caso”.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió el 31 de agosto un recurso de reposición y señaló que la competencia de formulación de cargos es exclusiva de la JEP mientras el general (r) Montoya permanezca sometido como compareciente ante esa jurisdicción, como se encuentra desde 2019.

Aunque Barbosa y el ente acusador dijeron que la institución “reitera el compromiso de avanzar en las coordinaciones con la JEP y mantener la cooperación armónica que permita continuar con su vocación de defensa de los derechos fundamentales de las víctimas en todos los posibles escenarios”, hasta el momento la Sala de Reconocimiento de Verdad de esa jurisdicción no habría podido acceder al expediente.

Esto debido a que esa oficina de la JEP emitió un documento en el que los magistrados Oscar Parra y Catalina Díaz reafirman la competencia preferente y exclusiva de la jurisdicción especial para conocer los casos de ejecuciones ilegítimas cometidos antes del 1 de diciembre de 2021, incluido el del general Montoya.

“Confirmar la competencia preferente y exclusiva que ejerce la Sala de Reconocimiento respecto de la presunta participación del señor Mario Montoya Uribe en hecho y conductas de caso 03, relativo a asesinatos y desapariciones forzados presentadas como bajas en combate por Agentes del Estado”, señaló el fallo.

Sin embargo, según señaló la W Radio y el diario El Espectador, las víctimas y sus abogados protestaron contra la decisión de la JEP, primero porque no ha avanzado en una imputación como ya lo preparaba la Fiscalía y, segundo, porque avocó competencia sobre un expediente que no conoce.

En ese sentido, la Sala de Reconocimiento ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación realizar una inscripción judicial del expediente que adelantó la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de Mario Montoya, y todos los elementos materiales probatorios.

Además, solicitó que se remita una copia integra del mismo documento y todos sus cuadernos a la JEP. Esto debido a que, según fuentes citadas por El Espectador, la Fiscalía no había permitido que el tribunal especial conociera la totalidad de su investigación.

La Fiscalía sostiene que Mario Montoya, cuando fue comandante del Ejército, desconoció una directiva emitida por el entonces comandante general de las Fuerzas Militares en noviembre de 2007, para privilegiar las muertes sobre las capturas en combate.

Al parecer, el entonces comandante Montoya Uribe presionó a las unidades para que presentaran bajas y estableció un sistema de beneficios y condecoraciones a los que tuvieran las mayores cifras de muertos, que para el ente acusador “auspició 104 homicidios de civiles, cinco de ellos menores de edad, que no pertenecían a organizaciones criminales, fueron puestos en estado de indefensión y se presentaron en diferentes puntos del país como ‘bajas’ en enfrentamientos armados”. Con Infobae

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