Crisis humanitaria en el Chocó por enfrentamientos entre grupos armados
En medio de la situación de violencia que se vive en el sur del municipio de Bajo Baudó, en el Chocó, la Asociación de Autoridades Indígenas (Asaiba) alertó a la opinión pública, y a las autoridades competentes, sobre lo que está ocurriendo, particularmente, con cuatro resguardos indígenas ubicados en esa zona. Con una misiva, esa organización reportó que hay un alto riesgo de desplazamiento por parte de la comunidad debido a la falta de garantías de subsistencia.
En una carta, dirigida a la Personera Municipal y a la Defensoría del Pueblo, la Asociación denunció la presencia de grupos armados que han venido enfrentándose entre sí desde el pasado 19 de julio. De acuerdo con lo que informa la Asociación, se trata del fuego cruzado que se mantiene activo entre miembros del Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Mientras ocurre la violencia en las calles, explica el comunicado, las personas se encuentran confinadas para salvaguardar sus vidas.
“Hay un riesgo alto de desplazamiento ya que el río es la única vía para el abastecimiento de alimentos para estos cuatros resguardos indígenas de la comunidades wounaan y embera de Unión Pitalito, Puerto Chichiliano, Puerto Piña y Bajo Grande, donde albergan 280 familias”, recalcó la Asociación en el documento en donde, además, asegura que la población asciende a las 1.500 personas, y que, en caso de continuar en medio de los hostigamientos, tendrían que salir de sus hogares.
Con la descripción de lo que ocurre en el municipio, la comunidad, que está cerca al río Docampadó, pide a las autoridades visibilizar la situación para recibir ayuda del Gobierno nacional. “Le solicitamos a la Defensoría del Pueblo Regional Chocó elevar nuestra petición antes las entidades competentes del Estado, Ministerio Público y organismo de derechos humanos para que de manera inmediata prensan los sistemas de alerta temprana”, escribieron en el documento los integrantes de Asaiba.
Unión Pitalito, Puerto Chichiliano, Puerto Piña y Bajo Grande son las comunidades más afectadas por estos enfrentamientos, de acuerdo con lo que explica este movimiento, pues se ven envueltas en la ‘zozobra’. El Espectador, uno de los medios de comunicación que ha estado cubriendo los hechos, habló con el alcalde de Bajo Baudó, Hermenegildo González, quien explicó que ya se están tomando cartas en el asunto.
“La Armada está haciendo presencia en el corregimiento de Belén de Docampadó y los grupos armados, al parecer, están en unas comunidades a 10 o 20 minutos que se llama Puerto Bolívar, Mochadó y Cola Barco, esa es la información que tenemos”, comentó el mandatario local.
De acuerdo con lo que reportó ese diario, fue desde el pasado 9 de julio del 2020 cuando la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana. En el documento emitido por la entidad se especificó que, en efecto, había riesgo entre la comunidad que habita aquel municipio. Lo que se argumentó es que el Clan del Golfo y el ELN mantienen una disputa territorial, pues, esa zona en particular es vital para mantener sus actividades ilegales, particularmente, sus vías para el transporte de drogas: la salida directa al océano Pacífico hace que el narcotráfico sea rentable para estos grupos armados al margen de la ley.
“Son varios factores los que han motivado la presencia de diversos grupos armados ilegales. De una parte, la posición geográfica de este municipio y las ventajas estratégicas derivadas de la riqueza de sus suelos, con gran concentración de recursos maderables y minerales. A esto se suma su salida al Océano Pacífico y las posibilidades que ello permite para la rápida comunicación con Buenaventura en el Valle del Cauca y los municipios de Nuquí, Bahía Solano y Juradó con frontera con Panamá”, aseguró al Defensoría. Con Infobae