Didier Lobo: ‘Decisión en mi contra no interfiere desempeño como Senador’

Ante el fallo emitido por la Procuraduría General de la Nación, Didier Lobo Chinchilla manifestó que su labor como Senador de la República, no será interferida. «Actuaré en derecho, haciendo uso del recurso de Reposición que se me permite, ya que la decisión en mi contra no interrumpe en mi desempeño como Senador, es decir, no procede inhabilidad”.

A través de un comunicado, Lobo Chinchilla manifestó que la Procuraduría dio a conocer un veredicto sancionatorio en su contra referente a una investigación que se desprendió de su presunta responsabilidad en el sobrecosto de paquetes nutricionales, adquiridos en la época que ejerció como alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar, (2012 – 2015).

“Por este caso, que también ocupó a la Contraloría General de la Nación, fui absuelto por parte de este, el máximo organismo de control fiscal, al desvirtuar el hallazgo que se me imputaba. De esta manera, doy a conocer, frente al pronunciamiento del órgano de control, PGN, autoridad de la cual soy muy respetuoso, que actuaré en derecho, y haré uso del recurso de Reposición”, aclaró en el comunicado.

La Procuraduría sancionó a Lobo Chinchilla con seis meses de suspensión para ocupar cargos públicos. El señalamiento responde a un sobreprecio de más de tres mil millones de pesos en paquetes nutricionales para la recuperación de niños desnutridos o en riesgo de malnutrición, y de madres lactantes y gestantes; durante su gestión como alcalde del municipio La Jagua de Ibirico, en el periodo 2012-2015.

De acuerdo al comunicado emitido por la Procuraduría General, el Ministerio Público señaló que el exmandatario participó y aprobó la actividad contractual del Acuerdo No. 340 de 2012, celebrado con la “Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios”, que generó sobrecostos de $3.919’048.122.60. La falta fue calificada como gravísima a título de culpa grave.

Lobo Chinchilla no actuó con diligencia y vulneró los principios de economía y de responsabilidad que rigen la contratación estatal, toda vez que permitió un detrimento del presupuesto oficial destinado para la adquisición de los complementos nutricionales con costos superiores a los bienes entregados.

El fallo, de única instancia, también sancionó a la exsecretaria de Salud del municipio, Cenith Mireya Echávez Ospino (2012-2015), con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años. La falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima.