Capturan nueve implicados más en fraude a sistema pensional
Nueve personas más fueron capturadas en las últimas horas dentro de la defraudación millonaria al sistema pensional.
En el Juzgado Primero Penal Bacrim con funciones de control de garantías en Valledupar fueron legalizadas dichas detenciones.
Los capturados son médicos, abogados, tramitadores y trabajadores de una multinacional que realizaron ante Colpensiones y algunos fondos privados, logrando que empleados de tres empresas mineras obtuvieran niveles de incapacidad física o psiquiátrica superiores al 50%, lo que les permitió jubilarse. Los operativos se llevaron a cabo en Valledupar, Barranquilla y Santa Marta.
Los detenidos que cumplían diversos roles y estarían estrechamente ligadas a otros 12 capturados hace apenas 40 días, en la primera fase de la operación denominada ‘Frenocomio’ fueron identificados como Mario Alberto Alarcón Pabón, abogado y presunto tramitador de la estructura delincuencial, Rolando José Vargas Russo, médico fisiatra; Patricio Antonio García de Caro, médico psiquiatra; Alberto Manjarrez Álvarez, trabajador de multinacional y presunto tramitador, Sandra Patricia González Atencio, presunta tramitadora y secretaria de la oficina del abogado Gilmar Salguero, capturado en la primera fase de la operación ‘Frenocomio’. Todos ellos fueron capturados en Barranquilla.
En Valledupar fue detenida María Carolina Ovalle García, estudiante de décimo semestre de derecho y presunta tramitadora y se entregaron ante el CTI, en esta misma capital, Francisco Peña Arrieta, Oswaldo Díaz Rodríguez y Kalim Alberto Acosta.
Ante el juez de control de garantías en Valledupar y un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la seccional les imputarán los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y fraude a resolución judicial.
En las diligencias los investigadores recaudaron importante material probatorio que permitirá individualizar a funcionarios y otros presuntos involucrados en esta modalidad de defraudación al sistema de pensiones que podría superar los $90.000 millones el fraude pensional.
“Gracias a testimonios, controles técnicos a comunicaciones, inspecciones, agentes encubiertos, entre otras técnicas investigativas avaladas judicialmente, la Fiscalía constató que varios empleados con limitaciones físicas leves, al parecer, contactaron a los señalados integrantes de esta estructura para que intervinieran y lograran que la Junta Regional de Calificación de Colpensiones en Cesar, les certificara un elevado porcentaje de pérdida de la capacidad laboral por enfermedad psiquiátrica o una patología general permanente”, según la investigación.
De acuerdo con los elementos recopilados, un grupo de médicos de diferentes especialidades, algunos funcionarios de Colpensiones y trabajadores de las multinacionales mineras, supuestamente, preparaban y expedían la documentación, las declaraciones y otros trámites falsos que daban apariencia de legalidad al ilícito.
Asimismo, se conoció que abogados, con el aparente apoyo de empleados de juzgados labores, serían los encargados de interponer tutelas cuando la entidad afectada apelaba el dictamen que respaldaba el reconocimiento de las pensiones por invalidez.