jueves, marzo 28, 2024
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Drummond rechazó acciones de fraude en sistema pensional

Tras la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación que dio con la captura de 10 personas presuntamente responsables de defraudar el sistema pensional y que involucra a trabajadores de Drummod, quienes se habrían pensionado con documentación falsa, la compañía indicó que tomarán las acciones legales y disciplinarias correspondientes.

“La Empresa brindará todo su apoyo a las autoridades competentes para aclarar los graves hechos en los que se encuentran en entredicho importantes recursos financieros. En caso de comprobarse la ocurrencia de estos hechos, incluyendo que algunos de sus trabajadores hayan defraudado al sistema pensional y bancario del país, Drummond Ltd. se declara como víctima de tales fraudes”, dijo la empresa en un comunicado.

Drummond Ltd. está a la espera de que las autoridades establezcan si efectivamente hubo fraude para  conocer los nombres de los responsables de esta situación.

“Drummond Ltd. espera de todos sus colaboradores una conducta íntegra y ejemplar, y a su vez ratifica su compromiso con aquellos de sus colaboradores que demuestren por vías legales su enfermedad y continuará brindándoles el apoyo necesario para su recuperación”, puntualizó el comunicado.

Una estructura criminal

En toda una estructura delincuencial se convirtió la Junta Calificadora del Cesar para avalar invalidez a por lo menos 400 empleados, especialmente de empresas mineras, para que estos de manera fraudulenta lograran pensionarse adelantadamente, configurando un desfalco de $100.000 millones en la empresa estatal Colpensiones y los fondos privados.

A cambio de conseguir la pensión e incluso millonarios préstamos en el sector financiero, los integrantes de dicha junta creaban a partir de certificaciones médicas, expedientes y hasta perfiles de incapacidad mental para que los trabajadores accedieran más rápido a la pensión. En el marco de esa organización cada uno de los 10 capturados esta semana en Valledupar (Cesar), Riohacha (La Guajira) y Soledad (Atlántico) cumplía un rol importante.

La Fiscalía logró establecer las funciones de los detenidos identificados como los médicos Eduardo Urbano Marrugo, Teresa de Jesús De La Hoz y Carlos Arturo Montero, el psiquiatra Manuel de Jesús Altamar, los abogados Mariano de Jesús Amarís Consuegra, Gilmar Silguero Linero y Emil Said Baines, la psicóloga Yamile de Jesús Pérez, y, los intermediarios José Miguel Vega y Jean Carlos Miranda.

Para dar con los integrantes de la red que defraudó al sistema pensional, la Fiscalía interceptó los teléfonos de algunos de ellos y realizó 17 allanamientos que permitieron recaudar pruebas contundentes, al punto que ocho de los procesados ya aceptaron cargos.

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