jueves, marzo 28, 2024
Regional

Con el regreso al campo alcanzamos la verdadera paz: beneficiario de restitución de Codazzi

Bajo un inclemente sol, pero protegido por la sombra de un árbol, Pablo Duarte y su humilde familia desgranan el maíz fruto de la cosecha del programa de seguridad alimentaria, utilizado para su autoconsumo y venta, en el corregimiento de Llerasca, en el municipio de Agustín Codazzi, Cesar.

Desde que esta humilde familia retornó al predio, que había sido despojado por los paramilitares, comenzó a gozar de las ventajas de la Ley 1448 de 2011. Entre esos beneficios se encuentra un proyecto productivo de ganadería doble propósito, que les permite obtener ingresos significativos por la cría del ganado.

Luego de 17 años, Pablo y su familia regresaron al campo e iniciaron una nueva vida, luego de olvidar y perdonar todo el daño causado por los grupos armados ilegales. Ellos fueron testigos de decenas de desplazamientos forzados y cientos de asesinatos en la parcelación Santa Isabel, ubicada en el corregimiento de Llerasca. “Es muy grato para mí compartir esta experiencia después de dos años de restitución. Hoy puedo decir que nuestras vidas cambiaron a raíz del retorno. De esta manera es que alcanzamos la verdadera paz”, aseguró.

Él recibió, en 2016, 16 hectáreas de tierra. Para Jorge Chaves, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Cesar y La Guajira, con la novedosa política los beneficiados comienzan una nueva etapa en sus vidas. “La prosperidad está de vuelta en sus manos gracias a los múltiples esfuerzos del Estado. Sabemos que no es suficiente con la entrega del predio, por eso durante el posfallo verificamos que se cumpliera cada punto de la sentencia”, señaló Chaves Perdomo.

Los hechos que motivaron el abandono forzado de la tierra se remontan a mediados del año 1999, cuando la familia debió abandonar la parcela debido a las amenazas hechas por integrantes de grupos armados al margen de la ley, quienes les dijeron que “desocuparan”.

En la zona hubo presión permanente sobre los parceleros para obligarlos a salir de sus predios. Las amenazas fueron ordenadas por el exjefe paramilitar Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre.

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