Alcaldía de Valledupar responsabiliza a Mineducación en el no pago a los profesores
A través de un comunicado, la Alcaldía de Valledupar aclaró las razones por las que los educadores de la ciudad no recibieron el pago de su mesada en diciembre, indicando a además que toda la responsabilidad recaía sobre el Ministerio de Educación.
“En cumplimiento a la Sentencia No. 20-001-23-31-004-2011-00290-00 del 14 de marzo del 2013 proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar realizó los pagos por concepto de prima de antigüedad a todo el personal docente y administrativo beneficiario de este emolumento salarial, sin embargo el Ministerio de Educación Nacional en una actitud temeraria y claramente irresponsable ha pretendido inducirnos al desconocimiento de dicha orden judicial”, dice el comunicado.
Explica además que “nosotros como administración municipal, respetuosa de las normas y las leyes, hemos dado estricto cumplimiento a la sentencia en mención, argumentando nuestra decisión en que, no es posible la prevalencia del concepto N° 2302 del 28 de febrero de 2017 del Consejo de Estado frente a una decisión judicial, proferida por un juez de la República y que ha hecho tránsito a cosa juzgada al no haber sido apelada por el demandante que, para este caso, fue el Ministerio de Educación, teniendo como precepto que como concepto no resulta vinculante ni obligante”.
Dice además la Administración de Tuto Uhía que “dicho cumplimiento nos ha conllevado a un déficit financiero, que nos ha impedido cancelar el salario del mes de diciembre del año 2017 a todos nuestros docentes, situación por la cual convocamos a nuestra comunidad educativa, agremiaciones sindicales y fuerzas políticas a conformar un frente común que nos permita salvaguardar los derechos adquiridos de nuestros docentes ante el Ministerio de Educación Nacional, entidad que está obligada a asignar y girar los recursos para el pago correspondiente”.
Finaliza el documento indicando que “como administración municipal, adelantaremos las acciones jurídicas correspondientes que permitan proteger los derechos de nuestros docentes y minimizar cualquier riesgo de afectación al bienestar de ellos y sus familias, en procura de poder brindar a nuestros niños, niñas y jóvenes una educación oportuna y de calidad”.