Agencia Nacional de Tierras denuncia a avivatos que engañan a campesinos
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) instauró varias denuncias en la Fiscalía General de la Nación contra particulares por delitos que van desde la estafa hasta la falsedad.
Estos tienen relación con engaños de los que habrían sido víctimas campesinos que eventualmente buscan hacerse a una propiedad.
Una primera queja ante el ente investigador fue instaurada contra un hombre que, según varios denunciantes, les ha cobrado hasta dos millones de pesos por colocarlos en los proyectos que trabaja la agencia y que en el pasado adelantó el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
Los hechos irregulares que se le endilgan al individuo ocurrieron en el municipio de Acacías (Meta) y, según la denuncia, “hace exigencias ilícitas de dinero a integrantes de la población desplazada con el argumento de que dicha contraprestación económica sirve para agilizar y llevar a feliz término la adjudicación del subsidio integral de tierras”.
Para cumplir con su aparente objetivo ilegal el sujeto utiliza papelería oficial de la Agencia Nacional de Tierras.
Como es de público conocimiento, todos los trámites que adelanta la agencia son gratuitos y no requieren intermediarios.
Una segunda denuncia fue elevada contra personas indeterminadas del barrio La Pola, de la ciudad de Ibagué, entre ellas varios abogados que dicen ser funcionarios de la Agencia y que mensualmente realizan reuniones con campesinos a los que les cobran 10.000 pesos por su mentirosa colaboración en los trámites para acceder a tierra.
Otros casos
Una denuncia más fue interpuesta en contra de un hombre que le habría exigido 500.000 pesos a una ciudadana (se omite el nombre por seguridad de la víctima) con el falso argumento de ayudarle a conseguir unas tierras en la inspección El Porvenir del municipio de Puerto Gaitán (Meta).
Dicho monto de dinero, de acuerdo con la quejosa, le fue entregado al denunciado el 18 de diciembre de 2015 “con el compromiso que me entregaba el predio de 10 a 12 hectáreas” en enero de 2016 “y con esa entrega yo debía darle 700.000 (pesos) más”.
Según la señora, “a la fecha no he recibido las tierras y no sé nada del señor” denunciado.
Una última denuncia fue formulada contra dos individuos que presuntamente falsificaron en un documento la firma del director general de la Agencia, Miguel Samper Strouss.
En el espurio papel, según la denuncia, se autorizó a dos hombres “para que procedan” a hacer uso de la finca Caujaral, ubicada en el municipio de Sitionuevo (Magdalena) “para la venta u otra actividad que requieran”.
“A simple vista se determina” que la firma en cuestión no corresponde a la de Miguel Samper Strouss, enfatizó la entidad.
La Inspectora de Gestión de Tierras de la Agencia, Diana Carolina Galindo, advirtió que el servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio, incurrirá en prisión de 64 a 144 meses, multa de ciento 133.33 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses.
En ese sentido, “tanto funcionarios como contratistas deben abstenerse de solicitar o entregar información sobre expedientes y procesos en curso, sin el respectivo soporte institucional (correo, Orfeo) o sin el aval del respectivo superior jerárquico”, afirmó Galindo Poblador. Con CM