Yuly Velásquez, lideresa ambiental: «Defender los derechos causa la muerte en Colombia»
Le llaman la mujer anfibia por defender el rio Magdalena, el más largo e importante de Colombia, un liderazgo que le ha costado tres atentados, varios desplazamientos, constantes amenazas y, también, el premio a la Defensora del Año 2026.
Ella es Yuly Velásquez. Tiene 41 años y se crió entre la violencia y las orillas del Magdalena, entre Puerto Casabe (Antioquia) y Barrancabermeja (Santander), en una familia de pescadores artesanales.
Hoy es ingeniera ambiental, presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander (Fedepesan) y activista.
«Defender los derechos humanos, defender la naturaleza, en este caso el agua, causa la muerte a muchas personas en Colombia porque el trabajo que desarrollamos incomoda a algunos que no están de acuerdo con que nosotros levantemos la voz», afirma en entrevista con EFE.
La historia de Yuly Velásquez
El cauce del río que tanto defiende ha sido testigo de la violencia que la acecha desde que era una niña. Su primer zarpazo fue a los catorce años, cuando su hermano menor, de apenas cinco, fue asesinado por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ese fue sólo el inicio de una vida marcada por la tragedia y el «olvido institucional», como ella dice. Dos años después, su padre de crianza fue asesinado por un grupo paramilitar, lo que llevó a su hermana a quitarse la vida años después a raíz de una depresión.
La defensora cuenta que el drama familiar continuó cuando se enteró que la Unidad para las Víctimas, entidad estatal encargada de la reparación a los afectados por el conflicto armado, no le pagó la indemnización correspondiente a su madre y tuvo que comenzar otro proceso legal.
«Ahí empieza otra lucha (…) Yo soy víctima de los actores armados, de los paramilitares, de la guerrilla de las FARC y de la misma institucionalidad», asegura.
De forma paralela comenzó su labor como lideresa ambiental sin saber bien qué significaba eso, una tarea que la ha hecho merecedora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2026 como Defensora del Año.
«En vez de transformar todo ese odio en cosas negativas -porque me han pasado cosas muy terribles con la violencia- quise transformar más bien ese dolor en ayudar a los otros, ser una mano amiga», afirma Velásquez.
Resistir en el agua
Como parte de su trabajo en Fedepesan, Velásquez impulsa proyectos que convierten las canoas del río en laboratorios móviles de monitoreo comunitario. Eso le permite documentar vertimientos ilegales, mortandad de peces y derrames petroleros que amenazan a las más de 500 familias que viven en la zona.
Su labor se enfoca en las ciénagas de San Silvestre y El Llanito donde las familias han denunciado que las aguas están siendo contaminadas por empresas regionales que vierten sus desechos en ellas.
Desde 2014, Velásquez decidió dedicarse por completo a la pesca y comenzó a organizar jornadas de limpieza para frenar la contaminación, lo que permitió impulsar otro proyecto de reciclaje de basura.
«Si una mujer llega con ideas, con propuestas, entonces nos estigmatizan (…) No creen que también pueda buscar alternativas para mejorar esta situación tan terrible de la contaminación», afirma respecto al machismo que enfrenta.
En 2023, Velásquez lideró una acción popular por la contaminación del caño El Rosario y la ciénaga de San Silvestre contra la alcaldía de Barrancabermeja, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y la empresa Aguas de Barrancabermeja y petrolera estatal Ecopetrol, la mayor empresa del país.
Luego de un largo y tortuoso proceso legal, en abril de este año un juez falló a su favor ordenando a estas entidades implementar un plan integral de monitoreo, descontaminación y restauración del cuerpo de agua.
El costo de proteger la vida
Velásquez conoció pronto cuál era el costo de defender la vida que la rodeaba. Una noche de 2021 sufrió su primer atentado cuando un grupo de hombres se acercó a su casa y comenzó a disparar poco después de que ella y su esposo ingresaran al inmueble.
«Mi esposo alcanzó a trancar la puerta y empezaron los disparos. Nosotros lo que hicimos fue tirarnos al piso y llorar», relata.
Este episodio obligó a la familia a mudarse de barrio. Pero esto no la libró de volver a convertirse en víctima de un segundo atentado, apenas un año después, cuando la tirotearon mientras realizaba un monitoreo sobre el río Magdalena.
Tan sólo 15 días más tarde llegó el tercer atentado, que dejó herido a su escolta. «Ese día sentí que moría. Al mirar al escolta tirado en el piso herido, sangrando (…) fue algo que le cambia la vida a uno, porque realmente no se siente seguro ya en ningún lado, a veces ni en su propia casa», lamenta Velásquez.
Su hogar se transformó en una «cárcel» luego de que pusieran rejas como medida de protección, lo que también afectó a sus hijos, quienes dejaron de ir presencialmente a la universidad y ahora toman clases virtuales.
La activista ahora debe utilizar un chaleco antibalas y movilizarse en un vehículo blindado, acompañada de dos hombres de seguridad. Y aunque aún no sabe describir qué hace una defensora ambiental, tiene claro que quiere «ser la voz de los que (les) asesinan».
«Yo simplemente lucho por la verdad y no voy a descansar hasta que se haga justicia», sentencia. Con EFE