Tribunal del Cesar ordena frenar minería en la Serranía del Perijá
Como una decisión trascendental para conservar los ecosistemas y la supervivencia del pueblo indígena yukpa, calificaron las autoridades de esta etnia, el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo del Cesar que ordena ‘frenar’ los proyectos mineros en la Serranía del Perijá.
La determinación la tomó el organismo considerando que estas actividades mineras además de generar una posible afectación de la naturaleza, también tendrían influencia en el territorio ancestral del pueblo yukpa.
La suspensión de licencias y proyectos de minería en este macizo, se mantendrá, según el fallo, hasta que se cumpla con la delimitación del territorio de esa comunidad indígena, tal como lo ordenó la Corte Constitucional a través de una sentencia, de la cual el Gobierno ha hecho caso omiso.
Edward Álvarez, asesor en temas territoriales y ambientales indígena, sostuvo que ellos instauraron una primera acción de tutela que terminó en sentencia, la T-713 de 2017, en la cual la Corte Constitucional ordenó al Estado, a través de la Agencia Nacional de Tierras, delimitar y ampliar el territorio ancestral yukpa en el término de un año.
Explicó que este plazo venció el 7 de diciembre de 2018, por lo que han pasado más de nueve meses de haberse cumplido ese plazo y la Agencia Nacional de Tierras no ha comprado un solo predio, ni ha iniciado el proceso de delimitación.
Sostuvo que de la mano de ese fallo existe una sentencia de la misma Corte sobre el principio de precaución, que indica que cuando los territorios ancestrales están en proceso de delimitación toda actividad debería suspenderse cuando se trata de pueblos indígenas que están en exterminio físico y cultural como es el caso de esta comunidad, según Auto 004 de 2009.
“Aquí el Estado no solo no delimitó, ni amplió el territorio pero lo siguió afectándolo, es así como bajo ese principio de precaución el Tribunal Administrativo del Cesar tomó unas decisiones importantes para prevenir el despojo territorial, las afectaciones a la vida, la salud y la supervivencia cultural del pueblo yukpa”.
Según Álvarez, esta medida favorece además a una masa poblacional tanto de campesinos, como de otros habitantes en la serranía, porque “lo que ha demostrado la justicia colombiana que estas empresas carboneras han desviado cuatro ríos en el corredor minero de la Perijá, donde los yukpas y campesinos trabajaban y pescaban”.
En este orden de ideas la Corte Constitucional determinó revocar la sustracción de reserva forestal que se había hecho en el gobierno de Juan Manuel Santos, para darle paso al botadero El Palomo, del Grupo Empresarial Prodeco, ubicado según los indígenas en su territorio ancestral.
La decisión del Tribunal Administrativo del Cesar igualmente comprende suspender definitivamente la sustracción de reserva forestal del río Magdalena y el río Motilones en la serranía del Perijá en el Cesar, así como de todas las licencias ambientales, títulos mineros y proyectos de exploración de hidrocarburos hasta tanto se delimite el territorio ancestral Yukpa.