SuperSalud explica las razones por las cuales se intervino el Hospital de San Andrés
La Superintendencia de Salud estableció que ordenó por un año la intervención forzosa para administrar el Hospital Departamental de Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por el reiterado incumplimiento de los planes de mejoramiento desde 2022, que ha derivado en graves fallas en la atención y la seguridad de los usuarios, así como deficiencias en la gestión administrativa y financiera que ponen en riesgo la prestación de los servicios de salud. El organismo de control designó a la médica Marjorie Englehard Archbold como agente especial interventora.
El presidente Abelardo de la Espriella en su visita este fin de semana a la isla, denunció que dirigentes políticos se atravesaron para impedir la intervención.
La Superintendencia Nacional de Salud indicó que las acciones de inspección y vigilancia realizadas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre del presente año evidenciaron limitaciones significativas en la capacidad resolutiva del hospital de tercer nivel de complejidad que atiende a más de 60.000 usuarios en la isla.
De los 59 servicios habilitados, 13 no eran prestados, sumado a la falta de disponibilidad permanente de especialidades médicas y a dificultades para garantizar servicios como cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología, entre otros.
A esta situación se suma que el hospital dispone de un solo cirujano general para atender simultáneamente diferentes servicios, lo que restringe su capacidad de respuesta frente a las necesidades asistenciales de la población.
Adicionalmente, se identificaron pacientes en lista de espera quirúrgica con tiempos prolongados de más de un año y 3.676 estudios de radiología pendientes de lectura.
Las actuaciones de la Superintendencia también registraron deficiencias estructurales y operativas críticas, deterioro de la infraestructura, y condiciones inadecuadas de algunos equipos; así como el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad; situaciones que generan riesgos para la seguridad del paciente en procesos esenciales como la prevención de infecciones, limpieza y desinfección, esterilización, seguridad transfusional y funcionamiento del laboratorio clínico, entre otros.
Se identificaron faltantes de medicamentos e insumos esenciales, ausencia de control en inventario, dispensación y manejo, y fallas en su almacenamiento y conservación.
La Supersalud también documentó que pese haberse dado un anticipo del 50 por ciento por $858 millones para la adquisición de una máquina para el tratamiento de residuos biológicos, esta no se ha entregado porque el hospital no ha realizado las adecuaciones físicas para su instalación.
En el ámbito financiero, la Superintendencia identificó problemas de sostenibilidad y falta de confiabilidad en la información reportada en los estados financieros, lo que impide establecer con certeza la situación económica. A esto se suma un rezago importante en la facturación de aproximadamente de $3.605 millones, con corte a diciembre de 2025, y la ausencia de acciones efectivas de recaudo.
El estudio técnico concluyó que estas dificultades, sumadas a las fallas de dirección, asistenciales y administrativas, generan riesgos para la continuidad operativa del hospital y evidencian deficiencias en su gestión gerencial.
Con esta intervención, sumadas a las 30 órdenes que se le dieron el pasado 8 de octubre a la Gobernación del Archipiélago y a la gerencia del hospital, la Supersalud busca restablecer las condiciones efectivas de dirección y control institucional, proteger la continuidad de servicios de salud, mitigar los riesgos identificados y salvaguardar los recursos destinados a la atención en salud. Con RSF