Propuesta de nuevo sistema de salud para los maestros fue demandada
Una vez el Ministerio de Educación anunció el proceso de transición hacia el nuevo modelo de atención en salud para el magisterio del país, con el que se busca integrar por primera vez la atención en salud y el sistema de salud y seguridad en el trabajo, llegó al Consejo de Estado la primera demanda contra esta propuesta del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
El abogado constitucionalista Germán Calderón presentó un recurso de nulidad simple, argumentando la falta de competencia del Consejo Directivo del Fomag para modificar una ley. Calderón sostiene que el acuerdo suscrito por la entidad no pasó por el debido proceso y carecía de competencia para ello.
En la demanda, el abogado también cuestiona la intención del Gobierno nacional de transferir la prestación de servicios de salud del magisterio a la Fiduprevisora, una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero que no tiene el objeto social para prestar servicios de salud, según su naturaleza jurídica.
Se destaca en el documento de trece páginas que cualquier modificación al régimen de salud del magisterio debería ser abordada por el Congreso de la República, ya que la prestación de servicios médico-asistenciales está regulada por ley y solo puede ser modificada por otra ley.
Una de las principales preocupaciones expresadas es el impacto en la población vulnerable afiliada al Fomag. Del total de afiliados, el 48,9% tiene más de 50 años y el 13,89% tiene más de 69 años. Además, el 40,6% de los afiliados está concentrado en 14 ciudades, mientras que hay 292 municipios con menos de 50 afiliados.
El modelo propuesto
En el Consejo Directivo del Fomag, integrado por los ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda, Fecode y la Fiduprevisora, se suscribió un acuerdo histórico para iniciar el proceso de transición hacia un nuevo modelo de atención en salud que beneficiará a 818.960 afiliados al sistema de salud del magisterio colombiano.
Según el Ministerio de Educación Nacional, tras varias mesas técnicas lideradas por el Ministerio de Salud y Protección Social, se acordó establecer una Red Nacional de Servicios de Salud, con 32 coordinaciones departamentales y nodos regionales, que tiene como objetivo asegurar el acceso de los maestros y maestras a servicios integrales en todo el territorio nacional.
El comunicado del Ministerio de Educación señaló: “Teniendo en cuenta que el sistema actual de prestación de salud de los docentes duplica el número de quejas y reclamos, en comparación con las que se reciben a través del régimen ordinario, el Consejo Directivo del Fomag propone que sea la Fiduprevisora la encargada de centralizar la operación, organizar la red y administrar los recursos”.
El nuevo modelo, según el Ministerio, permite garantizar una mayor cobertura y flexibilidad en la prestación del servicio, integrando por primera vez la atención en salud y el sistema de salud y seguridad en el trabajo.
La única alternativa
El Consejo Directivo del Fomag encontró en el nuevo modelo la solución a un problema que se ha presentado desde octubre del año pasado, cuando el presidente Gustavo Petro anunció la suspensión de las 10 licitaciones destinadas a decidir los nuevos operadores de salud de los docentes, debido a serios indicios de corrupción. Estas licitaciones, en conjunto, representaban contratos por un total de 13 billones de pesos para los próximos cuatro años.
Tal decisión fue acompañada por una extensión de seis meses en los contratos de los 10 operadores actuales, algunos de los cuales han sido cuestionados por indicios de corrupción y deficiencias en la prestación del servicio. Es la tercera prórroga de un contrato que originalmente debería haber finalizado a finales de 2022. La primera prórroga venció el 31 de mayo de 2023, la segunda el 31 de octubre pasado y la tercera estaba programada para el 30 de abril de este año. Por lo tanto, la reciente decisión anunciada por el Ministerio de Educación llega justo a tiempo para evitar que más de 800.000 maestros, directivos docentes y sus familiares queden desprotegidos. Con Infobae