Por cuarta vez, Jorge Oñate no acude a llamado de la Fiscalía
Desde el 6 de diciembre de 2019, la Fiscalía viene citando al popular cantante vallenato Jorge Oñate para ampliar interrogatorio dentro del caso que se sigue por el homicidio del dirigente político del Cesar Efraín Ovalle, el 25 de febrero de 2012.
Pero no ha sido posible lograr que se presente ante las autoridades, que quieren que aclare debido a fue mencionado dentro del caso por Jhon Carlos Landeros Linares, jefe de la banda criminal de ‘los Urabeños’ en La Paz, Cesar.
Antes de ser asesinado en prisión, el delincuente dijo que a él lo habían contactado para asesinar a Ovalle, y en ese contexto surgió el nombre de Jorge Oñate. La hipótesis que trabaja la Fiscalía es que la muerte del exconcejal de La Paz y exdiputado la desencadenaron peleas por el poder local.
Y señalan que, en 2011, la esposa del cantante, Nancy Zuleta, perdió la alcaldía en las urnas luego de que los Ovalle respaldaron a otro candidato.
La tutela
En un primer encuentro con la Fiscalía, en septiembre de 2014, Oñate negó cualquier nexo con el crimen de Ovalle, quien era su primo y con quien dijo tener muy buenas relaciones. Y contrató para su defensa al exjefe del CTI Daniel Julián Quintana. EL TIEMPO estableció que Quintana ‘entuteló’ a la fiscalía primera especializada de Bogotá contra el crimen organizado y a la 113 especializada contra organizaciones criminales, en Villavicencio.
Según argumentó, envió derechos de petición (en 2017) en los que solicitaba información sobre la vinculación de Jorge Oñate González y de Jorge Luis Oñate Zuleta (su hijo), sin obtener respuesta.
El abogado dice que no solo puso a disposición de la Fiscalía a sus clientes, sino que además solicitó que se le informara el estado actual de la investigación, la calidad de sus representados en esta, los delitos que se investigan y el número del proceso.
Así mismo pidió que se le informara sobre una compulsa de copias y el número de audiencias realizadas ante jueces de control de garantías.
¿Orden de captura?
Pero la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le negó la tutela por improcedente.
Primero le recordó al exdirector del CTI que el recurso no cumplía con el requisito de la inmediatez, pues hacía referencia a solicitudes de información de hacía 2 años y 9 meses.
Además, le advirtió que “el amparo constitucional no puede convertirse en una herramienta que subsane la falta de diligencia».
Fuentes del ente acusador le dijeron a EL TIEMPO que ahora evalúan si se emite o no orden de captura para garantizar que Oñate asista de inmediato a la ampliación de interrogatorio sin que medien más actos que califican de dilatorios. eltiempo