Imputaciones y acusaciones contra exgobernadores de Córdoba por presuntos hechos de corrupción
Ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación presentó dos solicitudes distintas contra tres exgobernadores de Córdoba por hechos de presunta corrupción que se habrían presentado en el departamento.
Imputación por remodelación de escenario deportivo
La Fiscalía Octava ante la Corte Suprema de Justicia solicitó audiencia de imputación contra los exgobernadores de Córdoba: Martha Sáenz Correa (2008 – 2011), Alejandro José Lyons Muskus (2012 – 2015) y Edwin José Besaile Fayad (2016 – 2017).
Los hechos investigados están relacionados con presuntas actuaciones ilícitas detectadas en el trámite y celebración de un convenio interadministrativo suscrito el 30 de diciembre de 2011, que tenía por objeto la remodelación del coliseo Miguel Happy Lora y en el que se habría presentado un detrimento por $1.501’344.842.
La fiscal de conocimiento formulará cargos por los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y prevaricación por omisión.
Acusación por contratos con IPS
Por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en coparticipación criminal, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó escrito de acusación contra los exgobernadores de Córdoba Alejandro José Lyons Muskus (2012 – 2015) y Edwin José Besaile Fayad (2016 – 2017) por supuestas irregularidades de contratación con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS): Funtierra Rehabilitación LTDA, Crecer y Sonreír Unidad de Rehabilitación S.A.S., Unidad Integral de Terapias de la Costa S.A.S., IPS Girasoles Centro Integral de Terapias y de Servicios de Salud S.A.S.
El material probatorio recaudado en las investigaciones daría cuenta que el objeto de los contratos habría sido incumplido en el entendido que no se realizaron todas las neuroterapias de desarrollo pagadas con recursos del Sistema General de Participaciones para atender a la población pobre no asegurada. Del mismo modo, se evidenció la intencionalidad de la administración de no hacer los respectivos recobros a las EPS.
El detrimento al erario probado para Alejandro José Lyons ascendería a $26.219’898.046, que correspondería al 85,71% del total de pagos realizados a las IPS; mientras que los dineros comprometidos por Edwin José Besaile Fayad alcanzarían los $174’577.500.
El pasado 6 de junio, la Fiscal de conocimiento imputó a los dos exgobernadores por estos hechos. Los cargos en su momento fueron rechazados.