Grupo de juristas afirma que «no hay pruebas para condenar» al expresidente Uribe

Sobre el proceso en contra de Álvaro Uribe, hay una conclusión clara: No hay pruebas para condenarlo», precisa un grupo de juristas en escrito publicado en redes, en el cual analizan «con total rigor jurídico» el juicio cumplido en 67 audiencias contra el exmandatario de Centro Democrático.

Los juristas consideran que expresidente Uribe Vélez fue víctima de un «lawfare» o «guerra jurídica», concepto que, afirman, «ha cobrado relevancia en América Latina, convirtiéndose en una herramienta utilizada por diversos actores políticos para deslegitimar y debilitar a sus oponentes».

Este fenómeno no solo afecta la política, sino que también impacta profundamente la independencia judicial, un pilar fundamental de la democracia, añaden.

Subraya que el lawfare se refiere al uso de instrumentos legales para perseguir, deslegitimar o silenciar a adversarios políticos. Esta práctica implica la cooptación y el abuso del sistema judicial, donde las leyes y su manipulación interpretativa se convierten en armas persecutorias en lugar de herramientas para la justicia. EI lawfare se manifiesta en diversas formas, desde la apertura de procesos penales infundados hasta la manipulación de la opinión pública a través de campañas judiciales, malas prácticas de prejuzgamiento en violación de la presunción de inocencia y la filtración de información judicial a medios de comunicación y redes sociales de manera selectiva para lograr y condicionar juicios de valor mediante «condenas por la prensa». Se podría decir que el lawfare podría implicar la «politización de la justicia» o la «judicialización de la política»; fenómenos que llevan al mismo objetivo: establecer obstáculos judiciales respecto de ciertos perfiles políticos para impedir su carrera electoral, vulnerando el derecho de participación política esencial en una sociedad democrática.

Según los juristas, en Colombia el lawfare ha encontrado terreno fértil en los últimos años, especialmente en el contexto del deterioro de la democracia, la corrupción y la polarización política, lo que genera gran preocupación sobre el futuro de nuestra justicia. Uno de los ejemplos más significativos del lawfare en Colombia es el proceso penal que se sigue desde hace siete años contra Álvaro Uribe Vélez.

Advierten que Uribe ha enfrentado múltiples investigaciones por presuntos delitos dentro de una narrativa mediática relacionada con una supuesta complicidad con la creación de grupos paramilitares. Este caso ha generado un intenso debate sobre la utilización del sistema judicial para fines políticos y ha polarizado aún más a la sociedad colombiana.

Y puntualizan: De la observación y seguimiento del juicio público al ex presidente Uribe, transmitido en vivo por los medios de comunicación social, se puede afirmar que es el caso paradigmático de lawfare o persecución judicial en Colombia. De las declaraciones de los numerosos testigos, y del análisis de los documentos, y pericias técnicas y científicas que se presentaron en las múltiples audiencias, se concluye que el llamado «Caso del Siglo», fue un burdo montaje y una campaña de descrédito urdida por los adversarios y detractores políticos del ex presidente, y cohonestada por una Fiscalía militante, para mancillar su buen nombre, enlodar su legado histórico, deslegitimar su lucha política, y reducir su ascendencia ante los más amplios sectores de la opinión pública. Del acervo probatorio se deduce que la acusación penal de la Fiscalía por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, no está fundada en ninguna prueba sino construida con base en testigos mendaces, y contradictorios, como 10 son Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, tan solo conocidos por su prontuario criminal.

Añaden que agrava el panorama, que se trató de un montaje judicial en que se desconocieron las garantías básicas del derecho a un juicio justo y al debido proceso, establecidas en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, con irregularidades como las siguientes, entre otras: Uribe fue víctima de una interceptación telefónica ilícita ordenada por «error» de la autoridad judicial en marzo de 2018, y pese a la advertencia del «error» por parte de los operadores judiciales, las escuchas se prolongaron ilegalmente durante más de un mes; se avalaron y se aportaron al proceso grabaciones de las conversaciones entre el ex presidente y sus abogados que gozan de absoluta confidencialidad; y en fin, se filtró información procesal con reserva legal a los medios de comunicación, con el propósito de promover ante la opinión pública una percepción de culpabilidad del ex presidente Uribe, afectándose su presunción de inocencia y sus derechos humanos.

Igualmente precisan que la revelación de estas prácticas, conocidas públicamente por el país antes del juicio, han generado escándalo e indignación nacional e internacional en desmedro de la independencia judicial, ponen en duda la legalidad del proceso, y dejan en evidencia, que la manipulación de la justicia con fines políticos está enraizada en el sistema judicial colombiano.

Finalmente indican. «El lawfare contra Uribe representa el mayor desafío para el sistema judicial en Colombia. La sociedad civil, las fuerzas vivas del país, y las instituciones tienen una inquebrantable confianza en la transparencia de los jueces que deben dirimir el proceso del ex presidente de la República, fundando la sentencia estrictamente en consideraciones de derecho, ajenos a cualquier polarización política. La lucha contra el lawfare es una prioridad para garantizar un sistema judicial robusto, imparcial y verdaderamente independiente, como exigencia básica para la consolidación de nuestra democracia y del Estado de Derecho».

Firman:

Amir Nayi Abushihab Collazos
José Vicente Ángel
Jorge Luis Baroni
Enrique Berrío Mendoza
Hilda Caballero
Germán Calderón España
Javier Cortázar
María Cristina Cuellar
Luis Gabriel Chávez
Orieta Daza
Ángela Echeverri Arcila
José Alfredo Escobar Araújo
Rodrigo Escobar Gil
Mauricio Fajardo
Juan José Gaitán Gómez
Bernardo Henao Jaramillo
Germán Alberto Herrera
Emesto de Francisco Lloreda
Francisco José Lloreda
Carlos Márquez Escobar
Ricardo Moreno Moreno
Juan Navarrete
María Clara Posada Caicedo
Juan Carlos Prías
Alejandro Ramírez
Consuelo Ramírez
María del Pilar Rocha
María Claudia Rojas
Juan Manuel Rogelis
Patricia Salgado
Camila Santamaría
Constanza Silva Klein
Freddy Succar Chediac
Amadeo Tamayo
Blanca Eugenia Uribe
Jaime Andrés Usuga
Juan Álvaro Vallejo Tobón
José Luis Villafañe

Con RSF