Fiscalía pide no acceder a pretensiones de solicitar medida de aseguramiento contra el gobernador Monsalvo
La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema, solicitó al Tribunal Superior de Bogotá no se acceder a las pretensiones, para pedir medida de aseguramiento en contra del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, por parte del abogado defensor del mayor Albero Pimienta, dueño de algunos predios invadidos en Valledupar.
El representante de víctima, pidió avalar elementos de prueba para solicitar la medida contra Monsalvo Gnecco, investigado por presuntos actos de corrupción en las elecciones del año 2011 en algunas invasiones de la capital del Cesar.
En tal sentido, el fiscal consideró que las pruebas presentadas no señalaban que el Gobernador desde su actual cargo estuviera atentado contra el derecho de la víctima.
Por lo tanto, el fiscal Javier Cárdenas, fijó su posición luego de la intervención del abogado, Evaristo Rodríguez Felizzola, representante de la víctima, el mayor Alberto Pimienta Cotes, en el proceso que se sigue en contra del Gobernador ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción al sufragante.
“No existe medio de conocimiento del cual se pueda inferir razonablemente que Luis Alberto Monsalvo haya utilizado el cargo para realizar actos, a partir de su posesión como gobernador, para afectar a la víctima u obstruir la justicia. En ese orden de idea la Fiscalía solicita que no se acceda a las pretensiones del apoderado de víctima”, aseguro el fiscal durante su intervención en la audiencia virtual.
El representante del ente acusador indicó que los elementos anunciados por el abogado Evaristo Rodríguez no evidencian que el mandatario estuviera atentando contra un fin constitucional.
“Quiero señalar que de los medios de conocimiento que él (abogado de la víctima) se refiere del año 2020 expresamente habla es de actos realizados por el actual alcalde de Valledupar, persona diferente a la que se está judicializando en este procedimiento”, dijo.
A LA PAR CON LA PROCURADURÍA
En la misma diligencia, la procuradora tercera delegada ante la Corte Suprema consideró que los elementos probatorios presentados por el apoderado de víctima reflejan más un conflicto social que viene desde hace años y no la urgencia de imponer una medida de aseguramiento.
“La únicas evidencias que me parecen que guardan algún nivel con la solicitud de la medida son aquellas recientes expedidas por la Alcaldía Municipal, no obstante, podrían ser objeto de valoración sobre la urgencia de la medida y en el tema de las resoluciones recientes de los aplazamientos de diligencias de desalojo en el único punto 
que puede ser evaluado a justificar una medida”, aseguró la representante del Ministerio Público.
NO HAY PLAN CRIMINAL
Por su parte, el abogado Alejandro Sánchez, defensor del Gobernador, dijo que lo único mostrado durante la diligencia es que el proceso parte de una problemática social y no de un plan criminal para quitarle la propiedad del mayor Pimienta, teoría que tendrían que discutir en las instancias legales.
Agregó que actualmente el pleito ante la Corte Suprema avanza considerablemente porque llevan realizados tres audiencias de juicio sin ningún aplazamiento.
“No se puede utilizar una audiencia preliminar para imputar delito que no están siendo objetos dentro del proceso, para tratar a alguien como coautor en un delito que no lo es, para venir a decir que aquí hay un delito más de invasión de tierras, para venir a insinuar que hay un concierto para delinquir, prevaricato, esos delitos no existen en el proceso, no están y todas las pruebas que pretenden introducir esa inferencia no son llamadas aquí porque se habla de una medida cautelar para el proceso de corrupción al sufragante”, afirmó el abogado.