Enjuician a funcionario de Fonpet y tres particulares por irregular trámite de dinero de pensiones
Un grupo de policía judicial de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación capturó a cuatro personas que deberán responder por presuntas irregularidades en el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) del Ministerio de Hacienda.
Los detenidos son el funcionario del Fonpet Erwin Ramiro Contreras Ramos; y los contratistas de las alcaldías e intermediarios, Ángela María Penagos Trujillo, Camilo Alberto Ortiz Martinez e Irma Enciso Herrera. Todos fueron imputados por los delitos de concusión y concierto para delinquir.
Al parecer, los implicados les cobraban dinero a alcaldes a cambio de ayudarles a tramitar el pago de los excedentes del ahorro pensional que por ley debe tener.
La investigación inició con la denuncia presentada por la jefe de control interno disciplinario del Ministerio de Hacienda, y está relacionada con las presuntas irregularidades que se habrían cometido para apropiarse de los dineros sobrantes de los ahorros obligatorios que los municipios deben tener para garantizar el pasivo pensional.
De acuerdo al material probatorio recaudado, los hoy imputados habrían conformado una empresa criminal que contactaría mandatarios locales de Cundinamarca y Meta ofreciéndoles sus servicios. Aunque tendrían planeado acercarse a los mandatarios de todo el país.
El funcionario del Fonpet comprometido sería el analista encargado de procesar los desembolsos de ahorro pensional de los municipios. Con la información obtenida se determinaría si los entes territoriales contaban con dinero extra del pasivo pensional requerido que luego era retirado mediante lo que se conoce como desahorro.
Con los datos recopilados, el implicado y las otras tres personas, habrían contactado alcaldes para proponerles acceder al dinero sobrante, a cambio del pago de porcentajes que irían entre el 3 y el 5 por ciento de lo recuperado.
La investigación pudo determinar que los excedentes que se registraban por cada municipio se encontraban entre los 1.500 y 3.000 millones de pesos. Los pagos se habrían hecho en su mayoría a través de contratos con las alcaldías.
Los cuatro capturados fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías, quien decidirá sobre las medidas de aseguramiento privativas de la libertad que solicitó la Fiscalía. Las diligencias se cumplen en el Complejo Judicial de Paloquemao.