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Nacional

Disputa territorial armados pone en riesgo a comunidades de seis municipios en Antioquia

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 028 de 2026 para los municipios de La Unión, El Carmen de Viboral, Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño, en la subregión Oriente del departamento de Antioquia, debido a la disputa territorial entre el frente Gener Morales (del autodenominado EGC) y el grupo del crimen organizado El Mesa.

La expansión hacia zonas rurales de El Mesa, que proviene del municipio de Bello y se articula con el Cuerpo Colegiado de la Oficina (estructura criminal), ha desatado violentas disputas por el dominio de corredores de movilidad y fuentes de financiamiento ilegal, indica en su comunicado la Defensoría.

El Oriente antioqueño es un eje geográfico y económico que conecta el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio y el centro del país. Esta ubicación estratégica le permite a las estructuras armadas ilegales interconectarsen con otras subregiones y departamentos, movilizar integrantes, ejercer controles poblacionales y erigirse en autoridades de facto.

Los grupos armados cobran sistemáticamente “impuestos” sobre la producción agropecuaria y agroindustrial, controlan la explotación ilícita de yacimientos de veta y auríferos en las cuencas de los ríos Samaná Sur, Melcocho, Santo Domingo, Buey y Arma, y dominan las redes de microtráfico.

Las estructuras armadas ilegales imponen «manuales de conducta», restringen la movilidad de pobladores y personas foraneas, instalan puestos de control, realizan empadronamientos, y mantienen vigilancia permanente mediante redes de informantes («puntos») en vías veredales.

Preocupa en especial la injerencia en las juntas de acción comunal (JAC) y la intimidación directa contra sus dignatarios para incidir en las las elecciones de sus directivas y controlar las decisiones comunitarias. Estas acciones están deteriorando el tejido social organizativo.

Comunidades afectadas

El impacto humanitario recae de manera desproporcionada sobre comunidades campesinas asentadas en poblados dispersos; mujeres rurales y jóvenes en riesgo de violencias basadas en género y trata de personas; población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH) sujeta a regulación represiva de conducta; mineros tradicionales, comerciantes y transportadores.

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes están en alto riesgo de reclutamiento forzado, engaño con ofertas laborales, uso para microtráfico y labores logísticas, violencias basadas en género y desescolarización.

Igualmente, docentes y servidoras y servidores públicos locales han sufrido intimidaciones que limitan la oferta institucional en zonas rurales apartadas.

Frente a este escenario de vulnerabilidad, la Defensoría del Pueblo les formuló 31 recomendaciones estratégicas a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal.

Las entidades llamadas a responder son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad para las Víctimas (Uariv), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Gobernación de Antioquia y las alcaldías municipales.

Las recomendaciones se estructuran en una respuesta coordinada por la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), acciones de disuasión y protección a cargo de la fuerza pública con enfoque de derechos humanos, y asistencia y acción humanitaria integral.

Además, las recomendaciones contemplan medidas de prevención urgente del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes; protección de lideresas y líderes sociales; investigación y judicialización efectivas de las finanzas criminales; mitigación de vulnerabilidades sociales y formalización minera; fortalecimiento de la autonomía comunitaria; sostenibilidad presupuestal de la respuesta humanitaria, y seguimiento preventivo del Ministerio Público.

Las Alertas Tempranas son preventivas, no predictivas, y su propósito es salvaguardar la vida, la libertad y la integridad de las comunidades, concluye la Defensoría. Con RSF

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