CTI inspeccionó oficinas de Hacienda de Valledupar
Una diligencia de inspección, adelantaron desde la mañana de este jueves, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en varias dependencias de la Secretaría de Hacienda de Valledupar, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con el recaudo del impuesto predial.
Los agentes visitaron las oficinas de Talento Humano, Oficina del Contribuyente y Recaudo, donde, de acuerdo con la información conocida, realizan la revisión de documentos, libros y equipos de cómputo, además de adelantar entrevistas a funcionarios.
La actuación judicial fue ordenada por un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública, quien tiene a su cargo las indagaciones relacionadas con las presuntas anomalías detectadas en los procedimientos tributarios del municipio.
La investigación está relacionada, entre otros aspectos, con una serie de modificaciones manuales efectuadas en el sistema de información tributaria de Valledupar. De acuerdo con una auditoría externa contratada por la administración municipal, fueron identificados 3.483 ajustes manuales que habrían modificado los saldos de obligaciones tributarias de diferentes contribuyentes.
El análisis estableció que las modificaciones representaron una disminución acumulada de los valores registrados en el sistema por una suma superior a 18.200 millones de pesos.
Estos hallazgos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, que buscan determinar cómo se realizaron los cambios, quiénes tuvieron acceso al sistema y si las modificaciones se ajustaron a los procedimientos establecidos por la administración municipal.
RENUNCIA DE LA JEFA DE RENTAS
En medio de las indagaciones, Davianys Lisbeth Vargas Suárez presentó su renuncia al cargo de jefa de la Oficina de Rentas de Valledupar, después de que el alcalde Ernesto Orozco Durán le solicitara apartarse de sus funciones mientras avanzaban las verificaciones relacionadas con los hallazgos.
La exfuncionaria se refirió posteriormente a los procedimientos cuestionados y manifestó que la dependencia a su cargo era la única que contaba con los permisos habilitados dentro del software para realizar ese tipo de modificaciones.
Según esa explicación, dicha condición operativa habría generado que los ajustes aparecieran concentrados en una cuenta asociada a esa oficina. La existencia de estos permisos y la forma en que fueron utilizados hacen parte de los aspectos que deberán ser establecidos por las autoridades durante la investigación.
Los investigadores recopilan información documental y digital que pueda contribuir a reconstruir el procedimiento utilizado para efectuar los ajustes, así como determinar las personas que tuvieron intervención o acceso a las herramientas empleadas.
Por ahora, las pesquisas se encuentran en curso y será la Fiscalía, con base en el material probatorio que logre recaudar, la encargada de establecer si existieron conductas constitutivas de delito y las eventuales responsabilidades individuales.