Crímenes y amenazas a líderes sociales marcó al Cesar en el 2021

En los primeros 11 meses de este año se registraron en el país un total de 130 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, cifra menor a la consolidada durante todo el 2020 (182 casos), informó la Defensoría del Pueblo al presentar un reporte sobre vulneraciones a los derechos humanos de esta población.

Aunque el Cesar no está entre los ocho departamentos más afectados por este flagelo, cuatro líderes fueron asesinados hasta el 25 de noviembre de 2021, lo que mantiene encendidas las alarmas por parte de las autoridades locales y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

Según cifras reveladas por la Defensoría del Pueblo, 111 homicidios fueron contra hombres y 19 contra mujeres. De la misma forma, aseguró que, por sector social, el mayor número de homicidios fue contra líderes comunales (31), indígenas (30), comunitarios (16), campesinos (14) y sindicales (7).

“Nuestro balance defensorial muestra que el 75% de los homicidios contra líderes sociales se presentó en 8 departamentos. Antioquia, encabeza la lista con 22 casos, y le siguen Cauca con 21, Valle del Cauca con 16, Chocó con 9, Putumayo con 9, Norte de Santander con 8, Nariño con 7, Caquetá con 5 y Meta con 5”, aseguró Carlos Camargo, defensor del Pueblo.

En su balance, la Defensoría registró que los homicidios representan el 20% de todas las vulneraciones a los derechos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, donde las amenazas se consolidan como el principal riesgo para esta población con el 73% de todos los reportes, que entre enero y septiembre de 2021 alcanzaron las 549 conductas vulneratorias.

Norte de Santander, Sucre y Magdalena son los departamentos en los que más se reportaron este tipo de vulneraciones, con 86, 43 y 41 casos, respectivamente. Los sectores sociales más afectados son comunitario (85), indígena (73) y servicios públicos (64).

En el Cesar, según la Comisión Colombiana de Juristas, el primer homicidio ocurrió el 27 de enero de 2021 en Valledupar, en cuyo hecho falleció Giovanis Carranza Castillo, quien era dirigente político de Cambio Radical.

El 25 de febrero fue asesinado en el municipio de Río de Oro, el líder político Luis Hermides Álvarez; el 20 de junio la activista del Movimiento Mais fue ultimada en Manaure Balcón del Cesar; y para cerrar el año el 25 de noviembre se registró el homicidio del líder campesino Alberto Mejía Portillo, en el municipio de Tamalameque.

NO HA SIDO UN AÑO DIFERENTE A LOS DEMÁS

Imelda Daza, analista política y defensora de los Derechos Humanos, manifestó que el balance que se puede hacer en la materia no es nada diferente al de los años anteriores.

Los asesinatos de lideres sociales crece, no cesa la violencia, “es como un empeño tácito de devolvernos a la guerra que logramos callar, es terca la historia del país, de quienes han manejado Colombia, por lo que se hace urgente empeñarnos en promover la paz, principalmente quienes aspiramos a conformar el próximo Congreso Nacional”.

Es necesario comprometerse a profundidad en la defensa integral de los Derechos Humanos, de los derechos de cada grupo poblacional en este país. “Las estadísticas frías y crueles nos muestran, según la Defensoría del Pueblo, que han sido asesinados 130 líderes, de los cuales 19 corresponden al sexo femenino, lo que evidencia que es muy dolorosa la violencia contra la mujer, madre, abuela, hermana y todo lo que representa en esta sociedad”.

AMENAZAS SIGUEN LATENTES

En el departamento del Cesar, las amenazas contra los líderes y lideresas sociales no cesan, y desde el 2020, más de 50 personas que se encargan de defender los intereses de un colectivo, han sido objeto de amenaza en intimidaciones, lo que dio paso al asesinato de cuatro durante el 2021 en este territorio.

Estas acciones han sido rechazas por la Corporación de la Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar, por lo que reiteran a las administraciones municipales mayor protección para quienes defienden los derechos humanos de los habitantes de la región.

Cuando los líderes sociales son amedrentados recurren a la Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Fiscalía y a la Unidad Nacional de Víctimas, entes encargados de estas áreas; aunque aseguran en muchas ocasiones no lo hacen por miedo y por la tardía acción de los entes de control, dijo Álvaro Tavera, director de la organización Cambiemos.